Anoche hubo una fiesta en la céntrica plaza Italia de Santiago de Chile. Las organizaciones que se oponen al proyecto hidroeléctrico habían convocado a celebrar la decisión anunciada por el gobierno horas antes.
El ministro chileno de Medio Ambiente, Pablo Badenier, presidió un comité integrado por sus pares de Energía, Minería, Salud, Economía y Agricultura que reevaluó 35 reclamos medioambientales. En su mayoría, esos reclamos habían sido resueltos en enero durante el gobierno anterior, de Sebastián Piñera. El Ejecutivo de Michelle Bachelet dejó sin efecto esos acuerdos y conformó la comisión que ayer tomó la decisión de revocar la autorización ambiental del proyecto HidroAysén.
Al anunciar la decisión que pone fin a ocho años de negociaciones, desde que el proyecto fue presentado por la empresa Endesa, Badenier explicó que ésta se debe más que nada a motivos ambientales. Dijo que no hay “plan de relocalización” para compensar “un impacto significativo declarado por el propio titular de HidroAysén”, y que “tampoco existe una cuantificación adecuada de los impactos ambientales” debidos a “cambios de la hidrología de los cursos alterados” que podrían afectar el ecosistema acuático. Además, dijo que respecto de la “fauna terrestre” el proyecto no permite “cuantificar impactos ambientales y por ende tampoco establecer medidas de mitigación.
Según el ministro, la decisión, que se alinea a la postura que había hecho pública Bachelet durante la campaña electoral, fue unánime. “Este Comité de Ministros ha decidido acoger los recursos de reclamación presentados por la comunidad, por la ciudadanía, y dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto HidroAysén, y en este acto administrativo terminal se declara rechazado el proyecto hidroeléctrico de HidroAysén”, dijo.
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, dijo que el proyecto “adolece de faltas importantes en su ejecución al no tratar con el debido cuidado y atención los aspectos relacionados con las personas que ahí viven”, y aseguró que su anulación no afectará las políticas energéticas del país.
Desde el oficialismo no faltaron las expresiones de satisfacción. No fue así desde la derecha. El senador Iván Moreira, de Unión Demócrata Independiente, opinó: “Es sabido que el gobierno de la Nueva Mayoría ya había expresado su voluntad de desechar este proyecto energético, por lo que no es bueno que las autoridades invoquen errores técnicos respecto de este proyecto, porque todos sabemos que acá había una voluntad política de no aprobarlo desde un principio”.
En tanto, el director de Greenpeace en Chile, Matías Asún, celebró “el triunfo ciudadano de esas miles de personas que salieron a las calles a manifestar su oposición al proyecto” durante años.
El proyecto HidroAysén hubiera costado 3.200 millones de dólares y tenía como objetivo generar unos 2.750 megavatios de energía eléctrica, lo que equivale a 20% de la actual capacidad de producción eléctrica de Chile, que es de 14.000 megavatios. Implicaba construir cinco represas en los ríos Pascua y Baker, en la región sureña de Aysén, acción que hubiera inundado 5.900 hectáreas de la Patagonia chilena. También se construiría una línea de transmisión eléctrica de unos 2.000 kilómetros de extensión para llevar la energía al centro y norte del país.
La empresa aún dispone de 30 días para apelar la decisión del gobierno ante la Justicia.