El abogado de Assange en Estados Unidos, Michael Ratner, anunció ayer que más de 30 organizaciones que defienden la libertad de expresión pidieron al fiscal general de ese país, Eric Holder, que disuelva el Gran Jurado que investiga a WikiLeaks, el portal que reveló miles de cables diplomáticos secretos y abusos cometidos en las guerras de Irak y Afganistán.

Assange, que hoy cumple dos años como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, dio una conferencia de prensa en la que pidió a Holder que abandone “la mayor investigación contra un editor” jamás realizada. También invitó a Barack Obama a “reflexionar” sobre su legado como el mandatario estadounidense que “más espionaje e investigaciones contra periodistas y sus fuentes” realizó, según informó la agencia de noticias Efe.

El fundador de WikiLeaks se refugió en la sede diplomática ecuatoriana el 19 de junio de 2012, después de que el Tribunal Supremo británico autorizara su entrega a Suecia, donde es investigado y está requerido desde hace cuatro años por presuntos delitos de abuso sexual.

Ratner reiteró que si su cliente viaja a ese país, que sigue sin imputarle ningún cargo, corre el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos, donde afrontaría “una situación similar a la de Chelsea Manning”, militar que filtró la información a WikiLeaks en 2010 y ahora está condenado a 35 años de cárcel.

El Ejecutivo británico se niega a darle a Assange un salvoconducto que le permita dejar la embajada en Londres, vigilada las 24 horas por la Policía de Reino Unido, para viajar a Quito.

El gobierno de Ecuador mantiene su apoyo a Assange, y el martes, Rafael Correa declaró: “Seamos claros, aquí hay mucha prepotencia imperial porque Assange ni siquiera está acusado”. El presidente agregó: “Según la ley sueca puede ser interrogado vía videoconferencia o en nuestra embajada, pero el fiscal sueco no quiere y exige que vaya a Suecia”.

Además Correa dijo que “están jugando con los derechos de una persona como Julian Assange, que ha permanecido dos años encerrado en pequeñas habitaciones con apenas media hora para asomarse a un balcón a tomar el sol”.

Assange, de 42 años, dijo ayer que cuando se supo que había ayudado al ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense Edward Snowden en 2013, el gobierno de David Cameron “canceló unilateralmente” la comisión británico-ecuatoriana de juristas que negociaba acerca de su caso. Consideró que esto demuestra que las autoridades tratan la cuestión no como un tema de asilo “sino de seguridad nacional”. El activista volvió a reclamar a “otros países” ayuda para Snowden para cuando expire su período de asilo en Rusia, el 1º de agosto, aunque estimó que “seguramente su asilo se renovará”.

Las autoridades de Suecia se niegan a interrogar a Assange en la Embajada ecuatoriana, pese a las cuatro ofertas presentadas por su equipo legal, que anunció que presentará nuevos documentos ante la Fiscalía de ese país.

Argumentos

La defensa de Assange, encabezada por el ex juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, pidió al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una investigación “independiente” sobre los supuestos delitos de agresiones sexuales por los que se lo investiga en Estocolmo, y la revisión de las actuaciones de la Fiscalía y de las autoridades suecas.

Además, dos organizaciones suecas, junto a varias asociaciones de juristas de todo el mundo (entre las cuales figura la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Internacional de Abogados Demócratas y la Asociación India de Abogados), presentaron el lunes al mismo consejo dos informes, en los que denuncian las violaciones de sus derechos que según entienden está sufriendo Assange. Argumentan que el suyo es el caso de privación de libertad sin juicio previo más largo de la historia de la Justicia sueca.

Otro informe presentado el mismo día ante ese organismo internacional, firmado por 33 grupos defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión, de la sociedad civil, exige a la comisión que intervenga a favor de la liberación de Assange, porque lo considera un preso político.

“La comunidad internacional completa ha sido testigo de la oportunista manipulación de las acusaciones contra Assange, en un intento de destruir su reputación y evitar su liberación, privándolo de su capacidad de actuar políticamente. Es obvio que esta situación sin precedentes no resulta de los actos que, según Suecia, Assange cometió en este país, sino de una clara interferencia política en respuesta a las actividades políticas y periodísticas del fundador de WikiLeaks. Esta situación lo ha convertido en un preso político, condenado a arresto domiciliario sin que se le hayan atribuido cargos y sin oportunidad de ejercitar su derecho para lograr un proceso justo”, argumenta el texto.

En tanto, la diputada europea, ex candidata a la presidencia francesa, y ex jueza Eva Joly también presentó la semana pasada una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU referida a lo que considera una violación de los derechos humanos de Assange por parte de la Justicia sueca, según lo anunció a Canal+ de Francia.

Joly estima que Marianne Ny, la procuradora general sueca a cargo del caso de Assange, debería tener en cuenta el estatus de refugiado del australiano y también que está amenazado, y por lo tanto, interrogarlo en la Embajada de Ecuador en Londres. Dijo que eso está previsto por la legislación europea, aunque Ny se niegue a hacerlo. La ex jueza dijo que fue a Estocolmo a explicar ese punto de vista. Consideró además que el gobierno sueco trata al de Ecuador con desprecio, al no respetar su decisión de darle asilo a Assange, algo que es, recordó, un derecho humano.

Llama la atención que Assange, que al momento de refugiarse en la Embajada de Ecuador aún disponía de la posibilidad de recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos, no lo haya hecho aún.

A pesar de las dificultades y de reconocer que le gustaría poder acceder al mundo exterior, Assange se mostró ayer bastante animado y convencido del papel “relevante” que sigue jugando su portal, que ahora es un motor de búsqueda de documentos secretos, con más de ocho millones de archivos disponibles.