La presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció ayer la apertura de “un nuevo ciclo” en la relación entre el gobierno y los pueblos indígenas, y para comenzar esta etapa detalló los planes de su gobierno en este tema, que incluyen instancias de consulta, aprobación de leyes y creación de ministerios.
Según dijo Bachelet, esos planes se sustentan en tres pilares: “la urgente necesidad de dar participación política a los pueblos indígenas en el Congreso”, la voluntad de “contar con una adecuada institucionalidad” y el fomento del “desarrollo territorial, fortaleciendo la compra de tierras”. La presidenta informó que ayer mismo comenzaba un período de consulta de seis meses, con el objetivo de enviar al Congreso proyectos de ley para crear una nueva institucionalidad, que comprenderá la creación de los ministerios de Asuntos Indígenas y de Cultura y Patrimonio, así como el Consejo de Pueblos Indígenas. Este período de consultas también tendrá como objetivo formular una Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y contará con cinco etapas: planificación de la consulta, información, deliberación, búsqueda de acuerdos e informe final.
Además, Bachelet aseguró que este gobierno contará con “más presupuesto y poder” para fortalecer la compra de tierras, acorde a un cronograma que se dará a conocer en los próximos días. La compra de tierras para entregar a las comunidades indígenas ha sido un procedimiento seguido por varios gobiernos chilenos para aquietar las aguas, en particular en la sureña región de la Araucanía, donde vive la mayoría de la comunidad mapuche.
En paralelo, el Servicio Nacional de Menores de Chile informó que va a instaurar un protocolo con el objetivo de evitar violaciones de los derechos de los niños durante los enfrentamientos entre policías y mapuches. Su directora, Marcela Labraña, dijo que tiene la “certeza” de que los niños mapuches han sufrido “daño psicológico y físico” por los allanamientos policiales y los enfrentamientos.
En el protocolo se incluirá el compromiso de no hacer allanamientos en escuelas y liceos en comunidades indígenas. A fines de mayo, un contingente de las Fuerzas Especiales chilenas allanó una escuela en la que padres y madres -acompañados por sus hijos- causaron algunos disturbios mientras esperaban a las autoridades de la educación de la región con las que se reunirían.
Días atrás el gobierno de Bachelet se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a no aplicar la ley antiterrorista a los indígenas y a incluirlos “en los procesos de adopción de decisiones que afectan sus derechos humanos”.
La organización civil Observatorio Ciudadano -que antes era el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas- destacó que es la primera vez que el Ejecutivo chileno somete a consulta proyectos de ley antes de enviarlos al Congreso, pero apuntó que el procedimiento de consulta que existe actualmente en Chile -decretado por el gobierno de Sebastián Piñera- fue cuestionado por las organizaciones indígenas y de derechos humanos. Éstas aseguran que la forma de consulta establecida allí no cumple mínimamente con los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo referentes a pueblos originarios. Al final de su mandato, el gobierno de Piñera se comprometió a revisar esa norma para adecuarla a los estándares internacionales, pero no hubo modificaciones.