Los tres candidatos con más posibilidades de ganar las elecciones brasileñas tuvieron una semana repleta de actividades vinculadas al agronegocio. Primero fue el 13º Congreso Brasileño del Agronegocio, el 4 de agosto, y después el Encuentro de Presidenciables promovido por la Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNAPB), que reúne a las federaciones estaduales y actúa en defensa de los intereses de los productores rurales. En ambos encuentros la presidenta Dilma Rousseff, que busca la reelección, el senador Aécio Neves, candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña, y el ex gobernador de Pernambuco Eduardo Campos, del Partido Socialista Brasileño, presentaron sus promesas para el sector.
La relación entre los empresarios ruralistas y el gobierno había sido afectada por los cambios introducidos en el último Programa Agrícola y Pecuario 2014-2015, que incluía un aumento del promedio de los impuestos a las ganancias del sector de 5,5% a 6,5%. El gobierno argumentó que se proyecta que esas ganancias tendrán un crecimiento de 14,7% en 2014 respecto de 2013, y compensó el aumento de la carga tributaria con una mayor oferta de líneas de crédito a tasas bajas.
Estos encuentros se realizaron, además, cuando existe temor de que la desaceleración de la economía brasileña impacte en el agronegocio. Se proyecta que el sector crecerá 0,6% en 2014, por debajo de los índices de los últimos años, y los ruralistas cuestionaron que la carga tributaria total del agro no se ajuste según el crecimiento que éste experimente.
Reclamos empresariales
Más infraestructura, más agilidad por parte del Estado, más recursos para la investigación e innovación tecnológica, son algunos reclamos de los ruralistas. También piden medidas que desestimulen las ocupaciones de tierras; que se adopten definiciones más claras para declarar territorios indígenas y áreas de protección ambiental y cambios para hacer más permisiva la ley que establece límites y restricciones para que los extranjeros compren tierras.
Pero en ambos encuentros, el reclamo central de la CNAPB fue el de la “seguridad agropecuaria”. En este concepto los ruralistas engloban una serie de conflictos que podrían dividirse en dos grandes grupos: los que afectan a la tierra -como ocupaciones, expropiaciones y delimitaciones de tierras ancestrales o de áreas protegidas que no pueden ser explotadas- y los que atañen a los recursos humanos, como la regularización de la jornada laboral rural o las penalizaciones por trabajo esclavo.
Entre las medidas que se reclaman al próximo presidente está la de reincorporar una ley del gobierno de Fernando Henrique Cardoso que dejó de aplicarse con la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva: que las tierras ocupadas no puedan ser demarcadas oficialmente hasta que no se desocupen. También piden que se agilice la aprobación de una norma que se está tratando en el Congreso, que le saca al Ejecutivo la competencia para demarcar tierras y se la entrega al Legislativo, donde hay una poderosa bancada ruralista.
Esta bancada está integrada, entre otros, por la presidenta de la CNAPB, la senadora Kátia Abreu, y se encarga de defender los intereses del sector, en un país en el que 16% de los productores rurales son grandes terratenientes que dominan 76% de la tierra.
Sos vos
El Mercosur fue identificado por los ruralistas de Brasil como uno de los obstáculos para que el sector tenga un mayor crecimiento. En el documento “Lo que esperamos del próximo presidente 2015-2019”, los grandes productores rurales piden políticas diferenciadas para aquellos que tienen competencia dentro del bloque. Reclaman también una política comercial “clara y objetiva, que rescate la autonomía de Brasil para negociar acuerdos comerciales independientemente del Mercosur”, y que se acelere el cierre del acuerdo bilateral entre ese bloque y la Unión Europea (UE).
Los candidatos a la presidencia Eduardo Campos y Aécio Neves aseguraron -al igual que varios ruralistas- que la falta de “independencia” del país respecto del Mercosur es lo que impide un mejor posicionamiento en el mercado internacional. Responsabilizaron a la presidenta Dilma Rousseff por “aceptar” las “trabas” impuestas por el Mercosur al acuerdo con la UE.
Brasil tiene que tener “libertad comercial”, “abrir un poco más su economía” y llegar a “nuevos mercados”, opinó Neves, mientras que Campos aseguró que el país necesita “destrabar la capacidad de expansión” de su comercio.
Por su parte, Roussef dijo que no es el Mercosur el responsable de que el acuerdo con la UE no esté cerrado, aseguró que “en Francia, Hungría e Irlanda” hay resistencia, y que algunos sectores políticos europeos ven la apertura comercial como uno de los factores que generaron la crisis económica.
Los reclamos planteados en estas instancias son los que históricamente presenta el agronegocio, y siempre ocupan cierto lugar en las campañas electorales. No así los intereses de los pueblos indígenas o del Movimiento de los Sin Tierra, que tuvieron presencia en algunas campañas del Partido de los Trabajadores pero han desaparecido en ésta, a tal punto que el partido de gobierno no promete en su programa la reclamada reforma agraria.
La ley que demandan los ruralistas para que sea el Congreso el que determine que una tierra pertenece a una comunidad indígena es rechazada por estos pueblos, que consideran que si se aprueba será casi imposible que se reconozcan sus territorios debido al peso de la bancada ruralista. Esto se suma a que la demarcación de tierras ancestrales está prácticamente detenida: el gobierno concretó sólo una en 2013. Esto generó un aumento en las ocupaciones de tierras por parte de indígenas.
En los últimos años también crecieron los casos en los que empresarios ocupan ilegalmente territorios declarados indígenas para explotar sus recursos naturales. Sin embargo, este fenómeno no suele ocupar grandes espacios en la agenda política o en los medios tradicionales de comunicación.
Las comunidades indígenas son víctimas de un crecimiento exponencial del agronegocio pero también de los proyectos vinculados a la infraestructura y la construcción de hidroeléctricas, que afectan sus territorios y los obligan a movilizarse. Brasil ha sido observado por organismos internacionales por no aplicar la consulta previa a esas comunidades cuando se planifican proyectos que las van a afectar.
Las comunidades indígenas piden que el gobierno impida que continúe el “genocidio” del que dicen ser víctimas: en 2013 fueron asesinados 53 líderes indígenas y hubo intentos de asesinato contra otros 29, así como diez amenazas de muerte denunciadas y no concretadas, y diez violaciones, según el Informe de Violencia contra los Pueblos Indígenas publicado por el Consejo Indígena Misionario, vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil.
“Fortalecidos por el Estado y conocedores de las dependencias que resultan del modelo de desarrollo [que prioriza el agronegocio], estos sectores ejercen presión política y económica para que sus intereses sean todavía más privilegiados en las decisiones gubernamentales”, se indica en el informe.
Las demandas de los empresarios del agro fueron debatidas en el Congreso Brasileño del Agronegocio y planteadas a los candidatos en el Encuentro de Presidenciables. En el congreso, el vicepresidente brasileño -y compañero de fórmula de Rousseff para octubre-, Michel Temer, destacó a la agroindustria como “uno de los motores de la economía nacional” y aseguró que el gobierno la respalda con “intereses subsidiados e incentivos variados”.
En un sentido similar se manifestó, en el mismo encuentro, un funcionario enviado en representación de Rousseff, Odacir Klein: “El sector del agronegocio es prioritario para el gobierno y lo seguirá siendo en un eventual segundo mandato”, y agregó: “Si se revisa cualquier dato estadístico se ve que el aumento de recursos [destinados al sector] es constante; eso va a continuar”.
En campaña
“Quiero reafirmar mi compromiso con un ambiente jurídicamente seguro para el productor. Estamos luchando para eso”, dijo Rousseff en el Encuentro de Presidenciables del CNA, en una de sus pocas promesas al sector. El resto de su discurso estuvo dedicado a defender su gestión y al Mercosur (ver recuadro).
El caso de Campos es particular, porque él ha hecho promesas para el sector del agronegocio, pero su compañera de fórmula es Marina Silva, una ambientalista que se ha opuesto a los ruralistas y sus demandas. El candidato zanjó este tema asegurando que su fórmula “tiene la capacidad de saber convivir en la divergencia”.
Campos incluyó en su discurso gran parte de las demandas de los ruralistas: prometió una inversión en infraestructura que permita aumentar el desarrollo del sector, así como otras medidas en el mismo sentido, y sostuvo que el gobierno debe destinar más presupuesto al agronegocio porque este sector ha “atenuado” los impactos de la crisis económica -tal como lo han señalado varios analistas-. Además, prometió que, si es presidente, tratará personalmente los temas vinculados al sector.
Neves también prometió más recursos destinados al agro y la construcción de infraestructura, así como la reforma del Ministerio de Agricultura para convertirlo en un “superministerio”. También prometió que tratará con “coraje y liderazgo” la desocupación de tierras, así como la exoneración tributaria parcial de las exportaciones y las inversiones del sector.
El sucesor de Fernando Henrique Cardoso al frente del PSDB también mencionó la continuación de entrega de créditos rurales y una reforma para simplificar el sistema tributario sobre el sector. Tanto Campos como Neves cuestionaron al Mercosur (ver recuadro) y abogaron por una apertura de Brasil a los negocios con “todos los países del mundo”.