El “Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad” reunió martes y miércoles a militares y a defensores de represores presos por su papel durante las dictaduras en la región. Éstos consideran que los juicios por violaciones a los derechos humanos son “ilegales”, que los jueces cometen “prevaricato” (juzgan mal a conciencia) y que los condenados son “presos políticos”.
De acuerdo con la agencia de noticias judiciales Infojus y la propia página web de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, hubo participantes de Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Uruguay. Los representantes uruguayos fueron dos integrantes del Foro Libertad y Concordia de Uruguay, los coroneles retirados José Carlos Araújo y Elmar Castiglioni. Este último fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado y el año pasado dijo, según Búsqueda, que eran “insignificantes” los números de muertos entre 1973 y 1985 en Uruguay. Entre los argentinos estuvo Vicente Massot, dueño del diario argentino La Nueva Provincia, que es investigado por la desaparición de dos trabajadores de su periódico.
La convocatoria a la reunión publicada por la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (entiéndase los militares presos por violar los derechos humanos) asegura que “los países de la región están en riesgo de disolverse en el odio y la venganza, muchas veces promovidos desde sus propios poderes públicos”. Los integrantes de esa asociación observan “un plan sistemático de demolición del orden político, jurídico, cultural, educativo y económico” de sus “sociedades”. Por lo tanto, se reunieron con “el objeto de deliberar y organizar una acción enérgica y eficaz, a fin [de] que prevalezcan la justicia, la concordia y la libertad”.
De acuerdo con Infojus, antes de que empezara el encuentro, a unas cuadras de la estación porteña de Retiro, en el hotel Meliá, se leyó una carta de Jaime Smart, un ex juez y ministro de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura que fue el primer civil condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad en Argentina, quien fijó desde la cárcel directivas para la reunión.
El discurso de apertura estuvo a cargo de Alberto Solanet, presidente de la asociación organizadora. Dijo que la principal meta era “establecer una cooperación [...] estable” entre los participantes, que fueron 250. Además de cuestionar los juicios por el terrorismo de Estado, criticó las “reformas contranatura” impulsadas en los últimos años, entre ellas el matrimonio homosexual. Dijo que hay “una planificación sistemática” para destruir a las Fuerzas Armadas, al “orden familiar, judicial y económico”.
Araújo dijo que “la gran batalla por el imaginario se dio en la educación pública”, y cuestionó la separación entre el Estado y la Iglesia. “No debe escapar que la democracia moderna es un sistema sin valores, que se impuso dictatorialmente por la guillotina”, lamentó, en referencia a la Revolución Francesa.