La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) publicó su Informe Chokokue 1989-2013, según el cual fueron ejecutados en ese período 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas. Estas ejecuciones fueron parte de un “plan de ataque sobre la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios”, asegura. Atribuye este plan a “terratenientes e intereses corporativos ligados a algunos sectores del modelo del agronegocio”, que se sirven del Estado y de sus “medios de represión” para cometer estos crímenes y “garantizarse impunidad”.

La Codehupy reúne a decenas de organizaciones civiles vinculadas con los derechos humanos, y en 2007 publicó su primera edición del Informe Chokokue (palabra que en guaraní significa campesino) con información sobre ejecuciones y desapariciones ocurridas hasta 2005. La organización recuerda que ese informe concluyó con 14 recomendaciones de las cuales se adoptaron sólo dos, vinculadas con el uso de la fuerza por parte de la Policía y la adopción de protocolos de actuación, y concluye que “la masacre de Marina Kue [en Curuguaty] demuestra cómo estas reformas superficiales son un engaño”. Se refiere al desalojo de una ocupación de tierras en junio de 2012 que terminó con un juicio político al presidente Fernando Lugo.

La Codehupy asegura que las ejecuciones “no ocurrieron de un modo casual” sino de forma planificada, con una finalidad política: el desplazamiento del campesinado para que los grandes terratenientes pudieran expandir sus territorios. Este plan no incluye sólo ejecuciones, sino también “torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones y procesamientos arbitrarios o abusivos; desalojos ilegales y arbitrarios, con destrucción de viviendas y medios de subsistencia alimentaria”. En él, denuncia la organización, están comprometidas “las instituciones de seguridad y de justicia del Estado: el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, cuyas actuaciones ilegales gozan del respaldo explícito del sistema político”.

El informe recoge los 115 casos de forma detallada y dice que en 77 de ellos los victimarios fueron guardias parapoliciales o sicarios, mientras que otras 36 muertes son atribuidas a agentes públicos -incluidas las 11 de Curuguaty-; las últimas dos muertes son casos de ejecuciones de personas que estaban bajo custodia policial.

Las víctimas pertenecían a 27 organizaciones distintas -en varios casos a la Federación Nacional Campesina y el Movimiento Campesino Paraguayo-. Excluyendo los muertos de Curuguaty, los departamentos que reúnen 77,4% de las ejecuciones son tres: San Pedro, Concepción y Caaguazú. Se trata de departamentos que se han caracterizado por una mayor expansión del agronegocio y un crecimiento de las organizaciones campesinas. De los 115 casos, 91 fueron llevados a la Justicia, 47 están en proceso, ocho fueron cerrados con una condena judicial, y en ninguno se castigó al autor intelectual de las ejecuciones.