A vos, todo

-¿Cuáles son las principales críticas que ustedes como organización realizan al modelo de desarrollo colombiano?

-El modelo tiene una perspectiva de colonialidad en la construcción de la política pública para el desarrollo porque hay una injerencia de otros estados, sobre todo el canadiense, el estadounidense y el de varios países europeos en la construcción de la política pública nacional y su modelo de desarrollo. También de instituciones financieras internacionales, principalmente el Banco Mundial [BM] y el Banco Interamericano de Desarrollo [BID], que han hecho para Colombia una política a la medida de los intereses transnacionales.

-¿Cómo se traduce esa “colonialidad”?

-En Colombia se están haciendo políticas dependiendo de una injerencia indebida de algunos países. En el caso minero, por ejemplo, Canadá construyó un código de minas en 2001 para Colombia [se refiere al asesoramiento de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional] y después puso a todas sus empresas mineras en Colombia para la exploración y explotación. Se supone que hace 200 años tuvimos un proceso de independencia, pero son las empresas de los países colonizadores las que están operando y logrando controles en el territorio. Vemos un aspecto de colonialidad porque otros países terminan definiendo la política y al mismo tiempo haciendo la gestión de lo que definieron.

-¿Cuál es la injerencia de las instituciones financieras internacionales?

-El BM y el BID han definido la proyección de los planes nacionales de desarrollo que han estado presentes durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Esto ha venido creando una dependencia económica con el BM y el BID, porque ambas entidades entregaron una cantidad de dinero importante para que se cumpla con la planificación que finalmente los gobiernos hacen, respondiendo a los intereses de esas instituciones.

-¿Qué consecuencias ha tenido la implantación de este modelo de desarrollo?

-Antes que nada, la reprimarización de la economía colombiana. En los 70 y 80 se desarrolló una industria liviana, pero en los últimos 20 años hemos pasado a una economía de explotación de materia prima tal como la tuvimos antes de los 70, sobre todo mineral, metales y petróleo. Eso nos ha llevado a un proceso de financierización de la economía y de la naturaleza, que se expresa en la conversión de patrimonio natural en activo financiero para la venta de esa naturaleza en el mercado de especulación internacional. Desde una perspectiva socio-ambiental este modelo de desarrollo ha generado una exacerbación de los conflictos, que se expresa sobre todo con el agua: su contaminación, su apropiación por parte del modelo de desarrollo extractivo del país y la aparición de conflictos entre empresas y comunidades por el control del territorio.

-¿Qué posición ha adoptado el Estado?

-Se ha puesto del lado de las empresas, ha garantizado el control de los territorios por parte del aparato transnacional para el modelo extractivo. El Estado construye políticas públicas para despojar territorios -códigos de minas, leyes forestales, leyes de aguas- y las combina con la militarización de los territorios para efectivizar los despojos y las entregas de tierras al modelo extractivo.

-¿Cómo son esos marcos legales, a qué refieren?

-Los marcos legales son construidos por agentes externos al país y establecen que la minería, el petróleo y las represas son actividades de “utilidad pública e interés general”. Cuando tienen esas características el Estado facilita la expropiación de territorios por vía administrativa, basada en una interpretación equivocada de la “utilidad pública”, porque va a beneficiar a la ganancia privada y no a la población; de hecho, los derechos de esas poblaciones son vulnerados como consecuencia de la declaratoria de estas utilidades. En Colombia hay una privatización de la política pública.

-¿Cómo funciona el despojo?

-Tú entregas el predio o te lo quitan y te indemnizan; si te resistes, entra en escena la militarización. Ése podría ser un despojo legal. Cuando no se puede hacer un despojo por vías administrativas ha operado un despojo por la vía de los hechos, en el que están comprometidos el Estado y grupos ilegales que han sacado a la población para que se lleven a cabo proyectos extractivos. No podemos dar fe de cómo ha operado esto último porque es un tema bastante delicado. Sí ha habido conflictos armados en zonas en las que, años después, se instalan proyectos.

-¿Cómo es eso?

-No podría decirte que hubo un conflicto armado para instalar el proyecto, pero hay una coincidencia entre las zonas donde ha habido conflictos armados entre agentes insurgentes, fuerzas del Estado y grupos paramilitares y las que son objetos de megaproyectos del modelo de desarrollo extractivo en el país. Un ejemplo concreto es el del proyecto hidroeléctrico Ituango, uno de los más importantes del país, que se está desarrollando en una zona del departamento de Antioquia en la que durante muchísimos años hubo enfrentamientos armados. Durante el gobierno de Álvaro Uribe [2002-2010] se realizó la mayor inversión extranjera directa, que fue protegida mediante el concepto de seguridad democrática. Según datos oficiales, en ese período se desplazaron cuatro millones de personas de los territorios y se tomaron a sangre y fuego entre seis y ocho millones de hectáreas.

-Algunas de las grandes líneas que venís planteando, colonización de las políticas, militarización del territorio, despojos, tienen puntos de contacto con los planteos que realizaron respecto a la cuestión agraria las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC] en las negociaciones que mantienen con el gobierno en La Habana . ¿Ustedes se identifican con esas reivindicaciones de las FARC?

-En el discurso de instalación de las conversaciones en Oslo, [el jefe de los negociadores de las FARC] Iván Márquez menciona una serie de elementos, algunos de ellos muy vinculados a los movimientos sociales; puede existir como una similitud lingüística pero no de contenido. Son más bien percepciones y enfoques diferentes frente a temas similares, como el agrario. Nos parece necesario que se firme un acuerdo para el fin del conflicto armado, pero tenemos que ser explícitos en señalar que en esa negociación hay dos agentes: el Estado y la guerrilla, pero no está la sociedad colombiana ni ninguno de los sectores sociales que están inmersos en los temas que se discuten en La Habana y en la dinámica de articulación política y social en el país de los últimos 40 años. Nosotros no vemos una identificación de nuestros temas, por lo menos de la manera en que los hemos venido trabajando, con lo que sucede en La Habana. En la negociación uno de los principios del gobierno fue que el modelo no se discute, entonces, con el poco conocimiento que tenemos de lo que se habla en las negociaciones, sabemos que no se está tocando el modelo minero o el petrolero.

-¿Pero no confían en que si eventualmente se alcanza un acuerdo haya cambios en el modelo productivo?

-Nosotros creemos que en La Habana se está negociando una salida del conflicto, pero no se está haciendo un diálogo de paz. Llegar a un proceso de paz implica, obviamente, la finalización del conflicto, pero también la construcción de una política de justicia social, ambiental y económica. Por el desconocimiento que tenemos sobre lo que se habla en La Habana, no sabemos si se está caminando en ese sentido, pero es imposible crear un proceso de paz sin la participación de la sociedad en su conjunto. Una apuesta de las organizaciones sociales en Colombia es que a partir de este primer paso, que sería firmar un fin del conflicto con las FARC, hubiese una apertura para que se toquen otros aspectos que son las causas estructurales del conflicto, con la participación de la sociedad en la construcción de un proceso de paz integral. Después de un eventual acuerdo, que ojalá se logre, va a haber que discutir cómo se superan otros conflictos asociados a la injusticia social y económica en Colombia.