En caso de que la temperatura aumente 2,5°C, los países latinoamericanos deberán afrontar costos que se ubicarán en torno a 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región. La estimación fue hecha por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un informe cuyas principales conclusiones fueron presentadas por la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, antes de participar en la Cumbre sobre el Clima, ayer, en Nueva York.

Si bien la estimación es un promedio que no refleja la heterogeneidad de realidades -estrictamente el costo puede ir de 1,5% a 5% del PIB dependiendo del país-, el planteo apunta a que las políticas públicas incorporen los efectos del cambio climático a mediano plazo. América Latina contribuye en menor medida al cambio climático que otras regiones y es particularmente vulnerable a sus efectos. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la región sólo representan 9% del total y han tenido una tasa de crecimiento anual de 0,6 % entre 1990 y 2011, por debajo del 1,5% global promedio. En la región, una proporción significativa de las emisiones proviene del cambio en el uso del suelo, la deforestación y la intensificación de la actividad agrícola.

Para la CEPAL, es urgente que la región diseñe e implemente estrategias de adaptación con una mirada de largo plazo y que además considere los impactos colaterales. En particular menciona la necesidad de proteger cuencas hidrológicas, así como de la conservación de los bosques y los suelos. De acuerdo al trabajo, la vulnerabilidad de los países latinoamericanos se acentúa por su geografía, la forma en que está distribuida su población e infraestructura, su dependencia de los recursos naturales, la importancia de la actividad agrícola y la extensión de sus zonas costeras.

Para el organismo regional, hay evidencia de que el impacto del cambio climático en la región ya es relevante, y se registran variaciones en los niveles de temperatura y en los patrones de precipitación. Los mayores riesgos se concentran en la agricultura, la disponibilidad de agua, la conservación de bosques, la pérdida de biodiversidad, la salud de la población, el turismo en zonas costeras y la reducción de la pobreza rural.

Asimismo, la dinámica económica creciente de la región en la última década, si bien ha contribuido a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de la población, también ha generado externalidades negativas, como contaminación atmosférica, mayor consumo de energía fósil y su consiguiente contribución al cambio climático. América Latina y el Caribe tienen el más alto grado de urbanización del planeta, lo que ha ido acompañado de una creciente tasa de “motorización” privada. La falta de un transporte público moderno, seguro y de calidad conduce a la preeminencia de los automotores privados que se concentran en los niveles de ingreso más elevados. Estos sectores de la población son también los que más se benefician de los subsidios a los combustibles fósiles y a la infraestructura. En este sentido, es necesario aumentar la oferta y calidad de los servicios públicos, incentivar el uso de energías renovables y propender a una matriz productiva más baja en carbono.

En el plano global, los actuales compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero son aún insuficientes para estabilizar las condiciones climáticas. Por ello, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, convocó la cumbre de ayer en Nueva York, preparatoria de la Conferencia de las Partes que se celebrará en la ciudad de Lima en diciembre de este año. La CEPAL recuerda que el desafío del cambio climático es, en definitiva, el tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible con igualdad.