“Es importante que abramos un debate muy fraterno, muy transparente, para que la población brasileña, sus representaciones empresariales, sindicales y sociales, puedan debatir con mucha profundidad y mucha democracia lo que significan las comunicaciones en Brasil, en especial las que son objeto de concesión pública”, dijo al asumir su cargo el nuevo ministro de Comunicaciones de Brasil, Ricardo Berzoini.

Con su discurso, Berzoini dejó asentado que la regulación de los medios brasileños será una de sus prioridades. Esto se anunciaba incluso con la propia designación de Berzoini, un viejo defensor de esta reforma. El ministro dijo que el proceso hacia la regulación se abre “con tranquilidad” y llamó a todos los sectores a participar en este debate para “generar algo que sea bueno para el país”.

Bastaron esas primeras palabras de Berzoini para que algunos partidos opositores y también algunos aliados del PT manifestaran su oposición a cualquier reglamentación de los medios.

Dirigentes del PT, e incluso la propia Rousseff, han señalado que una eventual regulación de los medios se dirigirá, en principio, a reglamentar algunos artículos de la Constitución que hoy no se respetan. Uno de ellos es el 220, que establece que “los medios de comunicación social [así se denomina a los que utilizan ondas públicas] no pueden, directa o indirectamente, ser objeto de monopolio u oligopolio”. Un claro ejemplo de que esta norma no es respetada es el dato de que la empresa Globocabo, de la cadena Globo, cuenta con casi 70% de los suscriptores de televisión por cable, lo que se considera prácticamente un monopolio.

El otro artículo de la Constitución que suele mencionarse es el 54, que establece que diputados y senadores no podrán tener vínculo con empresas que sean concesionarias de servicios públicos. Grupos favorables a que se reglamenten estos artículos constitucionales realizaron un informe en 2014 en el que concluyeron que al menos 40 diputados y senadores controlan directa o indirectamente una emisora de radio o televisión; se dice que son 80 los integrantes del Congreso que son dueños de concesiones públicas de radio o televisión.

Se pronunciaron en contra de los planes de Berzoini dos de los más importantes dirigentes del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). El líder de la bancada del PMDB en Diputados, Eduardo Cunha, candidato a continuar en ese cargo (la elección está en manos de los diputados y es objeto de fuertes negociaciones entre los distintos partidos), dijo al respecto: “Quiero reafirmar que seremos radicalmente contrarios a cualquier proyecto que intente regular de cualquier forma los medios”. En el PMDB son varios los diputados y senadores que cuentan con concesiones públicas, incluida la familia de Jose Sarney, que tiene varios medios en su Maranhão natal.

Desde el opositor PSDB, el senador Aloyzio Nunes dijo en un comunicado que es necesario “combatir sin tregua esta tentativa criminal”. A su entender, “lo que está en juego es la libertad de expresión, pilar de la vida democrática”.

Otros diputados y senadores rechazaron públicamente la propuesta, al punto de que algunas páginas web identificadas con el PT ya hablan de una “bancada mediática”.

“El gobierno quiere controlar para no ser denunciado, porque es por la prensa que sale buena parte de las denuncias de corrupción”, aseguró el líder del Partido Popular Socialista en Diputados, Rubens Bueno, sin tener en cuenta que la propuesta de reforma que impulsa el gobierno no incluye a los medios escritos, sino sólo a la televisión y la radio. También el líder en Diputados del Partido Socialista Brasileño, Júlio Delgado, manifestó su oposición a una reforma y aludió al respeto a la libertad de prensa, “una de las mayores conquistas de la redemocratización brasileña”.