El 7 de junio puede cambiar el mapa electoral mexicano en la mitad del período de gobierno de Enrique Peña Nieto, que marcó el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder. Se eligen 2.159 cargos: la totalidad de la Cámara de Diputados (500 bancas), 641 diputaciones locales, 993 alcaldías, 16 jefaturas delegaciones del Distrito Federal y nueve gobernaciones estaduales. Entre éstas se encuentra la única en manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la del estado de Guerrero, donde el 26 de setiembre desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y otras seis personas fueron asesinadas, supuestamente a manos de la Policía municipal y de la organización criminal Guerreros Unidos.

Esos hechos ocurrieron en Iguala, el tercer municipio en importancia de Guerrero, durante el segundo año de gobierno del alcalde José Luis Abarca (PRD). Su esposa, María de los Ángeles Pineda, aspiraba a sucederlo en el cargo. Hoy los dos son sospechosos por lo ocurrido el 26 de setiembre y Pineda fue procesada el lunes.

La indignación y el repudio que causó lo ocurrido en setiembre obligaron a los distintos partidos a reforzar el discurso ético y a buscar acciones que permitieran sostenerlo. El propio PRD decidió blindarse contra la “infiltración” -así la definieron los dirigentes de esa organización política- de personajes como Abarca en sus filas. El PRD aprobó en noviembre una serie de medidas tendientes a detectar intereses ajenos a la política y a la democracia entre aquellos que aspiran a cargos en nombre del partido.

Un mes después, fue el propio Peña Nieto quien reclamó a los dirigentes de su partido especial atención a la hora de seleccionar a quienes los representarán en distintos cargos. “Hoy este tema cobra una relevancia superior porque queremos postular a la gente más versada en la política y la administración y que no nos dé motivo para la vergüenza y el oprobio, porque hacen quedar mal al partido, a la política y al país”, fueron sus palabras en la sede nacional del PRI.

Según coinciden analistas y varios medios de prensa mexicanos, las fuerzas políticas mayoritarias (el PRI, el Partido Acción Nacional y el PRD) ponen a prueba varias cuestiones en esta elección. En especial, estarán pendientes de cómo quedará conformada la nueva Cámara de Diputados; actualmente el PRI cuenta con 213 escaños, el Partido Acción Nacional (PAN) con 114 y el PRD con 101. Con respecto a esta elección, se da por descontado una nueva configuración parlamentaria, en la que el PRI buscará aumentar su banca para alcanzar una mayoría más amplia.

También hay expectativa acerca del desempeño electoral que tendrá el PRD, no sólo por cómo repercutirá las desaparición de los estudiantes, sino porque será la primera oportunidad en que se presente sin su líder, Andrés López Obrador, que se alejó de la agrupación en 2012 y formó otra, el Movimiento Regenaración Nacional (Morena), con la que aspira a consolidarse para las elecciones presidenciales de 2018.

Algunas encuestas muestran un buen posicionamiento de Morena en algunos estados, por ejemplo en el Distrito Federal, donde se pronostica que será la fuerza mayoritaria, según una encuesta publicada por el diario Reforma.

De las nueve gobernaciones en disputa, seis están en manos del PRI (Campeche, Colima, Querétaro, Michoacán, Nuevo León y San Luis Potosí), dos están en poder del PAN (Baja California Sur y Sonora), además de Guerrero, gestionada por el PRD.

Además de la violencia y la seguridad, convertidas en asuntos centrales de la campaña, en la agenda de interés de los mexicanos figuran, entre otros temas, la corrupción, la educación y las reformas estructurales en áreas clave como la energía y las telecomunicaciones.