El gobierno mexicano informó en respuesta a una “petición de parte de los familiares” de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en Iguala que permitirá el acceso “a los cuarteles militares del ejército mexicano” de manera “ordenada y con respeto a las instituciones”. Así lo manifestó la Procuraduría General de la República en un comunicado, en el que señala que los cuarteles “están abiertos a todos los ciudadanos”.

El reclamo de los familiares fue discutido el martes en una reunión de sus representantes con Miguel Osorio, secretario de Gobernación (cargo equivalente al de ministro del Interior); Jesús Murillo, procurador general, y Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal. El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, dijo en conferencia de prensa que el encuentro fue “pobre”, que los avances en el caso son “limitados” y que se mantienen las mismas líneas de investigación, que apuntan a que los jóvenes fueron asesinados en el basurero del municipio de Cocula.

Según la investigación oficial, el 26 de setiembre los 43 estudiantes fueron detenidos por policías municipales para que no alteraran un acto político de María de los Ángeles Pineda, la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y fueron entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los mató y quemó sus cuerpos en el basurero de Cocula. Esta hipótesis se fundó en declaraciones de detenidos, en el hallazgo de restos de huesos humanos calcinados en ese lugar y cerca de allí y en la prueba de ADN que identificó uno de esos huesos con Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.

Los detenidos por este caso son 97, y hay varios prófugos, entre ellos el secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores. El ex alcalde Abarca fue procesado por el secuestro de los estudiantes, y su esposa por su vínculo con el cártel Guerreros Unidos, al que según la investigación protegía y le facilitaba lograr sus cometidos.

Sin embargo, los familiares insisten en que hay otras líneas de investigación que no se han explorado. Piden que se establezca cuál fue el papel de dos ex funcionarios que renunciaron a sus cargos debido a este caso -el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre y el ex procurador del estado, Iñaki Blanco- y también el del ejército. “Hay por lo menos diez estudiantes que han declarado que el ejército participó”, así como “varios policías y personas de Guerreros Unidos”, dijo a Radio Fórmula el portavoz de los padres de los 43 desaparecidos, Felipe de la Cruz, según citó la agencia de noticias Efe. De la Cruz insistió en que era necesario ingresar a los cuarteles para comprobar si los estudiantes “están o no dentro de ellos”, y agregó que “la intención es buscar en todos los cuarteles del país, no sólo los de Guerrero”.

Si bien las autoridades habilitaron el acceso a las dependencias militares, no creen que haya motivos para investigar al ejército. “De ninguna declaración de las que se han obtenido en la Procuraduría se desprende que elementos del ejército o de algún cuerpo de seguridad del gobierno federal hayan tenido participación alguna en la desaparición de los estudiantes”, dijo el director de la Agencia de Investigación Criminal.

En un intento de iniciar esa búsqueda de los estudiantes en los cuarteles, el lunes, antes de la reunión con las autoridades, maestros, familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos, así como grupos que apoyan sus reclamos, intentaron entrar a varios cuarteles, entre ellos al Batallón de Infantería 45, en Iguala, y se enfrentaron con los militares. Otros enfrentamientos ocurrieron en la capital de Guerrero, Chilpancingo, donde fueron quemados algunos autos.