En la militancia de la colombiana Francia Márquez se mezclan varios de los viejos y nuevos conflictos que afectan a su país. Es dirigente de la comunidad negra del norte del departamento del Cauca e integrante de la Autoridad Nacional Afrocolombiana, y como tal integró una de las comisiones de víctimas que participaron en los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La dirigente denuncia tanto los efectos que ha tenido el conflicto armado colombiano en la comunidad negra de su país como los que causa la minería ilegal y los megaproyectos que afectan a su región. Una de sus principales reivindicaciones es que se aplique el principio de consulta previa en aquellos temas que afecten a su comunidad.
Por su militancia recibe amenazas contra su vida desde 2009, y según informó la agencia de noticias Efe, éstas aumentaron desde que participó en una marcha de mujeres negras del Cauca que llegó a Bogotá el 27 de noviembre.
Ese día, unas 70 activistas conformaron la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, que se desplazó hasta a la sede del Ministerio del Interior para denunciar los efectos de la minería ilegal en su región. La movilización logró que la viceministra de Participación e Igualdad de Derechos, Carmen Inés Vásquez, recibiera a las mujeres del Cauca acompañada de representantes de diversas carteras (Ambiente, Defensa, Interior y la Agencia Nacional Minera y de Energía), informó el medio colombiano alternativo Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa (ACPCI).
En ese encuentro reclamaron, entre otras cosas, que el gobierno se comprometiera a cumplir acuerdos previos para combatir la minería ilegal. Si bien lograron ese compromiso, las activistas se declararon en asamblea permanente hasta recibir una respuesta a sus reclamos de tierras para su comunidad y de que se frenen algunos proyectos mineros, que sí están autorizados, hasta que no cumplan con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo acerca de la consulta previa a las comunidades afectadas.
Trámite urgente
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, informó anoche que dio instrucciones al equipo que tiene a cargo de negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para “acelerar el paso” y “terminar lo más pronto posible y de una vez por todas con este conflicto armado”. Además, manifestó su voluntad de “invitar” a otro grupo armado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a iniciar un cese del fuego unilateral como el que dispusieron las FARC. También llamó al ELN a “llegar a un acuerdo lo más pronto posible sobre los puntos de la agenda” que discute con el gobierno “desde hace algún tiempo” en conversaciones que han definido como “exploratorias”.
También habían reclamado al gobierno que se les brindara la protección dispuesta para ellas por la Justicia en diversas sentencias. Según informó ACPCI en diciembre, Márquez había presentado en el pasado dos acciones judiciales para recibir protección ante las amenazas que recibía.
Daños colectivos
Esas amenazas son más intensas desde que las militantes plantearon al gobierno que como medida para detener la minería ilegal se confisquen las retroexcavadoras que se utilizan en esa actividad.
En algunos casos, las retroexcavadoras contaminan el agua con cianuro y mercurio, explicó en una columna publicada en la revista Semana la investigadora del Centro de Derecho, Justicia y Sociedad Ana Margarita González. En el artículo, titulado “Las voces de las mujeres afrocaucanas”, González señaló que “el norte del Cauca es una región emblemática de la resistencia negra”, y que esa comunidad subsistió por su trabajo en plantaciones de caña de azúcar y en particular en la minería. Según la investigadora, esa actividad sufrió el impacto de proyectos como la construcción de una central hidroeléctrica en 1985, que afectó el ambiente y desplazó a pobladores de la zona. Recién en 2014 la Justicia reconoció daños colectivos y la necesidad de una reparación.
Otro impacto llega hoy a esa comunidad de la mano de la minería industrial ilegal y de aquella que, aunque es legal, no cumple con los requerimientos de consulta previa a las comunidades para desarrollar sus emprendimientos.
La región en la que vive Márquez ha sido afectada por “la contaminación de los ríos, como el río Cauca, con cianuro y mercurio, la destrucción de los territorios”, dijo la activista días atrás a Radio Caracol. Agregó que el cambio en el uso del suelo modificó las condiciones de esa tierra: “Eran zonas productivas y ahora están quedando en un desierto total, la pesca era una de las formas en las que sosteníamos a nuestras familias y ahora con los ríos contaminados no es posible”.
Intereses tocados
La agencia de noticias Efe informó ayer que Márquez huyó junto a sus hijos después de que hombres armados la amenazaron en su propia casa, en el municipio llamado Buenos Aires. “Nos llegan mensajes, llamadas que nos declaran objetivo militar, pero claramente no hay una definición de quién nos está amenazando. Sólo dicen que nos van a matar porque nos estamos oponiendo a la minería”, dijo la activista a la agencia.
“Hace 15 días subieron dos hombres armados y empezaron a gritar que éramos unas sapas [delatoras] por ir a denunciar la situación de la minería ilegal. Nos dijeron que nos van a llenar la boca de moscas. Anoche unas personas me dijeron que los mineros [...] iban a buscarme a mí porque les habían quemado unas retroexcavadoras y yo tenía que pagarlas”, dijo.
De acuerdo con Efe, Márquez dejó su casa acompañada por dos funcionarios dispuestos por el gobierno para su protección, y no es la única de las mujeres que marcharon del Cauca a Bogotá que están amenazadas de muerte.
Según un informe de Amnistía Internacional publicado en diciembre, los ataques contra los defensores de los derechos humanos aumentaron en 2014 en América Latina y el Caribe, y es en Colombia donde la situación es “más grave”.
El reporte recoge datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y señala que en los primeros nueve meses del año pasado fueron asesinados 40 militantes por los derechos humanos, mientras que a lo largo de setiembre y octubre un centenar recibió amenazas de muerte.