El presidente palestino, Mahmud Abbas, dijo ayer que analiza la posibilidad de volver a presentar ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el proyecto de resolución que establece un plazo de tres años para que finalice la ocupación israelí y exige el fin de la construcción de asentamientos en Cisjordania. La votación que rechazó esta propuesta tuvo lugar el 30 de diciembre, y dos días después se renovaron los integrantes temporales del Consejo de Seguridad. Entre los países que ingresaron se cuentan España y Venezuela, que han tenido posturas favorables a los palestinos, y entre los que salieron figuran Corea del Sur, que se abstuvo en la votación, y Australia, que se pronunció en contra. Ese día el proyecto no contó con los nueve votos necesarios para aprobar una resolución, que en todo caso habría sido vetada por Estados Unidos.

Abbas anunció que conversará sobre esta posibilidad con los aliados de Palestina, “en particular con Jordania”, país que acompañó la presentación del martes. Justamente ayer se reunieron el primer ministro jordano, Abdalá Ensur, y su par palestino, Rami Hamdala, y éste fue uno de los puntos debatidos.

La firma de Abbas de la solicitud para ingresar a la CPI, que si es aprobada le daría a este órgano la potestad de juzgar los crímenes cometidos en territorios palestinos, despertó fuertes reacciones en Israel. “No vamos a permitir que los soldados y los comandantes del Ejército sean llevados ante la CPI de La Haya”, aseguró ayer Netanyahu. “Los soldados continuarán defendiendo el Estado de Israel con fuerza y determinación, y así como ellos nos defienden vamos a defenderlos, con la misma fuerza y determinación”, agregó.

Su gobierno ya tiene preparadas varias medidas para responder a la solicitud palestina. La primera de ellas se adoptó el jueves, cuando se decidió retener el pago de unos 130 millones de dólares que corresponden a la recaudación de impuestos en Cisjordania. En el territorio ocupado es Israel el que se encarga de la recaudación, y transfiere cada mes esos fondos al gobierno palestino. Ése es el presupuesto con el que cuenta el gobierno palestino y es utilizado, entre otras cosas, para pagar los sueldos de los funcionarios.

El negociador jefe palestino, Saeb Erakat, funcionario a cargo de tratar con Israel, lamentó que este país recurra a “castigos ilegales colectivos” como un mecanismo para intentar impedir el avance palestino en el terreno internacional. “El dinero no es caridad israelí al pueblo palestino, se están reservando un dinero que es nuestro legalmente”, dijo en un comunicado citado por la agencia de noticias Efe.

Según el diario israelí Yediot Aharonot, en el gobierno de Netanyahu también existe la intención de denunciar a los principales líderes palestinos por crímenes de guerra ante la CPI, en el caso de que Palestina denuncie, tal como prevé, a autoridades israelíes. “Podemos presentar las demandas respaldadas con pruebas, documentación y testimonios”, dijo al diario una fuente del Ministerio de Justicia, cuya identidad no fue revelada. Estas denuncias deberían efectuarse por medio de organizaciones internacionales o terceros países, ya que Israel no firmó el Estatuto de Roma y, por lo tanto, no puede solicitar a la CPI que abra investigaciones. Otra de las medidas que evaluó el gobierno, según el diario, es la de pedirle al Congreso de Estados Unidos que cese su ayuda anual de 400 millones de dólares a la Autoridad Nacional Palestina.

Consultado por la agencia de noticias AFP, Erekat confirmó que la última ofensiva israelí en Gaza será uno de los primeros casos que se presente ante la CPI, junto con una denuncia por los asentamientos que Israel construye en territorios ocupados. Los casos que puede juzgar la corte son los que sucedieron después de 2002, ya que fue en ese año que entró en vigor el Estatuto de Roma.