Poco antes de que la cuenta de Twitter del Mando Central del Pentágono fuera atacada por hackers que se identificaron como integrantes del grupo jihadista Estado Islámico, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso una serie de medidas para proteger la privacidad de los ciudadanos ante el creciente robo de datos personales en internet y otros “riesgos”. Lo hizo, según dijo, en respuesta al reciente ciberataque contra Sony, atribuido por Washington a Corea del Norte.
Charlie en quioscos
Hoy sale el primer número del semanario satírico Charlie Hebdo desde que la mitad de los integrantes de su redacción fueran asesinados por islamistas radicales hace una semana. La tapa, publicada el martes, con el título “Todo perdonado”, muestra a Mahoma llorando con un cartel que dice “Yo soy Charlie”. El título, según dijo en conferencia de prensa el autor de la portada, el dibujante Renald Luz Luzier, no es irónico, sino que le surgió al mirar su propio dibujo y conmoverse.
La Universidad Teológica de Al Azhar, principal autoridad del Islam sunita, emitió un comunicado en el que afirma que la portada del semanario de hoy, del que se imprimieron tres millones de ejemplares y que permanecerá 15 días en los quioscos, “alimenta el odio”. La caricatura “no fomenta la coexistencia pacífica entre los pueblos y es una traba a la integración de los musulmanes en las sociedades europeas y occidentales”, de acuerdo con esa institución.
En cambio, el Consejo francés del Culto Musulmán y la Unión de las Organizaciones Islámicas de Francia pidieron en un comunicado a los musulmanes franceses que “mantengan la calma y eviten reacciones emotivas”, sin dejar de “respetar la libertad de opinión”.
Obama propuso crear “una carta de derechos sobre la privacidad de los consumidores” y que el Congreso apruebe una ley que exija a las compañías informar a sus clientes en un plazo de 30 días si alguien piratea sus datos.
Ayer afirmó que el ciberataque contra el Pentágono “no impactó ninguna operación militar y, por ahora, no parece que se haya divulgado información confidencial; pero la investigación sigue en marcha y esto es un recordatorio de que las amenazas cibernéticas son un peligro urgente y creciente”.
En Reino Unido el gobierno anunció otro tipo de medidas. Según informó el diario británico The Times, las autoridades están en alerta debido a que los servicios de inteligencia detectaron que jihadistas planeaban decapitar a militares, policías o agentes de los servicios secretos, filmar los crímenes y publicar las imágenes. El primer ministro David Cameron prometió que si es reelecto en mayo dará más competencias a los servicios secretos, para que puedan vigilar las comunicaciones privadas como medida para combatir la amenaza terrorista, y podría prohibir la mensajería por celulares WhatsApp si los servicios de inteligencia no pueden vigilarla porque sus contenidos están encriptados. Para Cameron, este tipo de medidas se justifica porque los ataques ocurridos en París la semana pasada mostraron “la magnitud de la amenaza” que existe.
Mientras tanto, en España se anunció ayer un acuerdo entre el gobernante Partido Popular y el opositor Partido Socialista Obrero Español para aprobar una ley orgánica de lucha contra el terrorismo islamista radical, y se informó que “en las próximas semanas” se va a presentar un “plan nacional de lucha contra la radicalización”.
Bélgica, país de Europa occidental que más combatientes islamistas exporta hacia Irak y Siria en proporción a su población, también está en alerta por los atentados, y el gobierno anunció medidas para facilitar las escuchas telefónicas.
En París, a días del ataque contra el semanario Charlie Hebdo y un supermercado kosher, continúan los homenajes a las víctimas, y el gobierno francés asegura estar buscando un punto medio para adoptar medidas de seguridad sin recortar libertades.
En un sentido discurso que fue aclamado por todo el espectro político, el primer ministro Manuel Valls anunció ayer medidas “excepcionales”, pero descartó aprobar “medidas de excepción que eludan el principio de los derechos o de los valores”, en una posible alusión a las adoptadas por Estados Unidos después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, cuando se aprobaron leyes temporales que suspendían ciertos derechos.
Valls abogó por crear un registro de personas condenadas por terrorismo o por integrar grupos armados, dar mayores recursos a los servicios de inteligencia, establecer un sistema de intercambio de datos sobre los pasajeros que viajan dentro de la Unión Europea y aumentar la vigilancia de internet y las redes sociales. Además, a partir de fines de 2015 los detenidos vinculados con el Islam radical serán reagrupados en sectores específicos de las cárceles, para evitar que “contagien” a los demás, algo que ya se está haciendo, en el marco de un plan piloto, en la cárcel de la ciudad de Freysnes, en las afueras de París.
Estos anuncios llegaron después de que todos los diputados cantaran juntos la Marsellesa, algo que no ocurría desde el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918. En su discurso, Valls también aclaró que Francia “no está en guerra contra una religión ni contra los musulmanes. Está en guerra contra el terrorismo”. Dijo que como muchos franceses tiene amigos musulmanes y que uno de ellos le dijo que tiene “vergüenza de ser musulmán” desde los ataques. El jefe de gobierno insistió en que no podía tolerar que eso ocurriera. Condenó los actos y las posturas tanto antisemitas como antimusulmanas, y luego de haber dicho el lunes que “Francia sin los judíos de Francia no es Francia”, ayer destacó que “el Islam es la segunda religión de Francia, tiene su lugar en Francia”.
Aunque las medidas y la postura del gobierno generan cierta cohesión, el ultraderechista Frente Nacional marcó su diferencia. Su fundador, Jean-Marie Le Pen, dijo: “Yo no soy Charlie” y se desmarcó así del resto de los políticos franceses. Su hija, la presidenta del partido, Marine Le Pen, dijo que para crímenes como los de la semana pasada está “personalmente” a favor de reinstaurar la pena de muerte. Además, pidió revisar las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita y Qatar, países a los que acusó de financiar a grupos radicales, algo que el gobierno francés dice que no tiene fundamento, de acuerdo con los Servicios de Inteligencia.