La ahora ex titular de Salud chilena Helia Molina anunció en declaraciones al diario La Segunda que a mediados de enero se va a presentar un proyecto de ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, y agregó un comentario sobre la situación legal actual que la obligó a renunciar a su cargo. “Esto es bien doble estándar, porque en todas las clínicas cuicas [chetas] de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Las personas con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos”. De acuerdo con el gobierno, dijo esas palabras a La Segunda fuera de micrófono.

Chile es uno de los seis países en los que el aborto es penalizado incluso si se fundamenta por motivos de salud, y la presidenta Michelle Bachelet prometió, durante su campaña electoral, revertir esa situación. El texto del que hablaba Molina incluye la despenalización del aborto en caso de violación, inviabilidad del feto y riesgo vital para la madre.

Horas después de que se conocieran las declaraciones de la ministra, Bachelet aceptó su renuncia “para evitar polémicas artificiales que puedan distraer al gobierno de la tarea de mejorar la salud de todos y todas”, dijo el ministro vocero del gobierno, Álvaro Elizalde.

Molina mantuvo sus declaraciones después de renunciar. “No me desdigo de nada”, dijo al Canal 13 chileno. “Renuncié porque no quiero producirle molestias a mi gobierno”, agregó.

Las declaraciones de Molina, del Partido por la Democracia, fueron criticadas por los opositores al aborto y también por miembros de la alianza de gobierno, que argumentaron que no presentó cifras ni pruebas para sustentarlas. Por ese motivo, el propio Ministerio de Salud había emitido un comunicado de prensa en el que se aclaraba que las declaraciones eran la “opinión personal” de su titular.

La ex ministra conservadora de Salud Cecilia Pérez declaró que lo dicho por Molina sobre el aborto en familias ricas es “un mito urbano”, mientras que Lidia Casas, investigadora sobre este tema del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, dijo a CNN Chile que “el primer problema” en cuanto a esta práctica en Chile es la ausencia de datos.