En 24 días, Ilham Aliyev cumple 12 años como presidente de Azerbaiyán. Heredero del trono que su padre, Heydar Aliyev, le dejó al morir -tras diez años de gobierno-, el actual presidente está al frente de una administración marcada por reiteradas denuncias de corrupción, fraude y violaciones a los derechos humanos.
Fue nombrado primer ministro del gobierno de su padre en agosto de 2003. Sin embargo, a raíz de la avanzada enfermedad que conduciría a Heydar a la muerte, Ilham fue propuesto como presidente en las elecciones de ese año por el partido de centroderecha Nuevo Azerbaiyán, nacionalista, liberal y conservador. Dos meses después, tras unas elecciones que fueron señaladas como fraudulentas por organismos internacionales, Ilham Aliyev se convirtió en presidente. Así, los Aliyev gobiernan Azerbaiyán desde hace casi un cuarto de siglo, bajo un régimen que algunos describen como “dictadura dinástica”. La familia también es comparada con los Corleone, el clan mafioso de la película El Padrino.
Parte de esa comparación nace de los numerosos informes que vinculan a Ilham Aliyev con la corrupción. Según una investigación realizada por el diario estadounidense Washington Post, a pesar de que su sueldo oficial de presidente es de 228.000 dólares por año, sus hijos son propietarios de millones de dólares en bienes. El trabajo realizado por el periódico en 2010 demostró que cuando su hijo menor, Heydar, tenía sólo 11 años, compró mansiones de lujo en Dubái por 44 millones de dólares. Además, se supo que sus dos hermanas, Leyla y Arzú, poseen excavaciones en los Emiratos Árabes, lo que hace que, entre los tres hijos del presidente, tengan -por lo menos- 75 millones de dólares en bienes inmobiliarios. Por otra parte, el periodista estadounidense Michael Weiss reveló en 2013 que Heydar es técnicamente el propietario legal de casi 50% de la filial de Vneshtorgbank en Azerbaiyán, uno de los bancos estatales más grandes de Rusia. Hoy, el hijo menor del presidente tiene 17 años.
En cualquier caso, pareciera que hay Aliyev para rato, ya que las manipulaciones electorales son la base de la dinastía. Durante las elecciones parlamentarias de noviembre de 2010, por ejemplo, la Oficina de las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa envió equipos para monitorear el proceso. Según señaló la OIDDH, en varios distritos se registraron votos con fecha de un día antes de la elección, y se detectaron otras irregularidades. Un tercio de los 150 circuitos observados por la OIDDH fueron calificados como “malos” o “muy malos”. También un funcionario de la oficina dijo que nunca había visto tantos casos de “relleno de urnas”. En esa ocasión, el centro de investigación ESI (European Stability Initiative), que estudia los procesos de transición democrática en ex repúblicas soviéticas, manifestó en el informe La diplomacia del caviar: cómo Azerbaiyán silenció al Consejo de Europa que se trató de “las elecciones más fraudulentas jamás monitoreadas en un Estado miembro del Consejo de Europa”.
En materia de derechos humanos, Azerbaiyán tampoco es ejemplo. Un último informe de Amnistía Internacional señala que, durante el período 2014-2015, “al menos seis destacados defensores de los derechos humanos fueron encarcelados y prominentes organizaciones de derechos humanos tuvieron que cerrar o interrumpir sus actividades” en el país. Además, indica que “continuaron los actos de hostigamiento y violencia, y la presentación de cargos falsos contra periodistas independientes”, y que tanto la libertad de reunión como la de asociación “siguen restringidas”. “Hubo informes frecuentes de tortura y otros malos tratos”, agrega.
Por su parte, el 10 de setiembre el Parlamento Europeo publicó una resolución en la que denuncia que la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán se “deterioró continuamente en los últimos años”, con “la creciente intimidación y represión” de activistas, periodistas y otras personas de la sociedad civil. El texto añade que está prohibido realizar “manifestaciones pacíficas” en el centro de Bakú, la capital, desde 2006 y que los periodistas son víctimas de un “acoso continuo”. Human Rights Watch también denunció la situación en distintas ocasiones. En un comunicado publicado el 23 de setiembre, la organización instó al gobierno de Aliyev a “liberar de inmediato a todos los periodistas injustamente encarcelados y defensores de derechos humanos, y poner fin a la represión contra la libertad de expresión”.