A medida que se acerca el plazo para que culminen las negociaciones y se ponga el punto final a un conflicto que ya lleva más de medio siglo, los esfuerzos de los mediadores por acelerar el proceso se hacen evidentes. El viernes, el presidente colombiano Juan Manuel Santos envió a La Habana a su hermano Enrique, con el objetivo de proponerle al líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, que los negociadores de paz entren en un cónclave “y no salgan de ahí hasta que tengan todos los puntos resueltos”, según dijo ese día el propio mandatario en un acto desde la sede de gobierno. Santos respaldó su propuesta señalando que “entre más rápido” se termine el conflicto, “menos víctimas” dejará. Tras la reunión entre Enrique Santos y Timochenko, las FARC no hicieron declaraciones, aunque el sábado se reunieron para analizar la propuesta del gobierno colombiano. Timochenko se limitó a decir en Twitter que “el tiempo no es un problema, sino que lo importante es la voluntad política”, en referencia al deseo de Santos de agilizar la gestión.
El domingo, el gobierno colombiano dio una señal de su voluntad de asegurar la paz al conceder el indulto a 30 guerrilleros de las FARC presos en diferentes cárceles del país. Según señaló la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un comunicado, el gobierno concederá el “perdón de la pena” a 30 presos políticos que no cometieron “delitos graves” y diseñará un programa para garantizarles apoyo psicosocial, acompañamiento para su estabilización familiar, comunitaria y social, acceso a la educación y herramientas para su reinserción en el mercado laboral. A la vez, se encargará de examinar las condiciones de salud de 106 miembros de las FARC todavía recluidos y adecuará patios especiales dentro de las cárceles, “a los que serán trasladados los miembros de las FARC detenidos o condenados, para facilitar el estudio de su situación jurídica como medida de preparación para su futura reintegración a la vida civil”.
Desde La Habana, los mediadores de las FARC calificaron este indulto como un “gesto humanitario, de sensatez”, que podría significar “el comienzo del reconocimiento de las justas reivindicaciones enarboladas por los prisioneros políticos a lo largo de muchos años y una medida de desescalamiento del conflicto”, en palabras del guerrillero Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. También insistió en la necesidad de liberar -o, al menos, detener en sus domicilios- a los 80 encarcelados de la guerrilla que se encuentran en grave estado de salud, especialmente 11 de ellos que “podrían morir en cualquier momento” y “ya no constituyen una amenaza para el Estado”.
Contra el reloj
Las negociaciones por la paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que comenzaron en noviembre de 2012 en La Habana, cumplieron tres años el jueves. En ese período hubo avances en distintas áreas, y la voluntad de acelerar el proceso fue reflejada en decisiones de la guerrilla, como la de suspender en setiembre la compra de armas y municiones, y del gobierno de Santos, que en octubre propuso iniciar un alto el fuego bilateral a partir del 1º de enero.
El 23 de setiembre, en un encuentro clave entre el presidente Santos y Timochenko, se fijó el plazo de seis meses para ponerle fin al conflicto. Este plazo obliga a los mediadores del gobierno y la guerrilla a tomar decisiones y superar algunas diferencias que pueden atrasar el proceso.
Entre los asuntos fundamentales que deben consensuar, se encuentran los términos del alto el fuego bilateral y definitivo, el modelo de justicia que se aplicará y el mecanismo de refrendación del acuerdo final. Este último punto es centro de una intensa discusión entre las partes, desde que el jueves el Congreso colombiano aprobó, para legitimar el proceso de paz, la realización de un plebiscito. El proyecto indica que se necesitará 13% de apoyo -es decir, unos 4,4 millones de votos- para que los acuerdos sean aceptados por la ciudadanía colombiana, en una votación que no será obligatoria.
Contra el plebiscito -que describieron como una propuesta “unilateral”-, las FARC defienden una asamblea constituyente como el “mecanismo más idóneo”, porque “entraña la opinión del pueblo soberano”. Al respecto, el jefe negociador de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, señaló que sólo por medio de la asamblea el pueblo desplegará todas sus potencialidades, y se otorgará “seguridad jurídica al tratado de paz duradero” para que “no ocurra que gobiernos sucesivos se aventuren en borrar con el codo lo que se construya con sacrificio y abnegación”.
Otro punto de discordia fue el acuerdo de justicia concertado el 23 de setiembre, que incluye la creación de una jurisdicción especial para la paz. Para encontrar una resolución, una subcomisión de juristas trabaja con el fin de acercar posturas y presentar el contenido completo del acuerdo sobre la jurisdicción especial para delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra.
Acerca del cese del fuego, ambas partes trabajaron para disminuir la intensidad del conflicto, tomando medidas como el desminado de tierras, la búsqueda de desaparecidos, el anuncio de las FARC de que no reclutará a menores y que saldrán de sus filas aquellos que tienen menos de 15 años, la tregua unilateral de la guerrilla y la suspensión de los bombardeos a sus campamentos por parte del gobierno. Sin embargo, aún no está claro si el cese definitivo podrá lograrse para Año Nuevo.