El Consejo de Estado dio su aval al recurso que quiere presentar el gobierno español contra la resolución del Parlamento de Cataluña que da inicio a la creación de un “Estado catalán independiente”. Se prevé que hoy se reúna el Consejo de Ministros para firmar ese recurso y enviarlo al Tribunal Constitucional (TC), que con sólo aceptar tramitarlo dispone la suspensión de toda actividad vinculada con esa resolución.

Ya se sabía que el gobierno daría estos pasos. Lo que se desconocía era que la Audiencia Nacional, que cumple con un papel de fiscalía, también iba a interceder en este tema por iniciativa propia. En un comunicado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, solicita a los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana), la Policía Nacional y la Guardia Civil que informen al organismo que lidera de “cualquier hecho” vinculado con “actos constitutivos de rebelión y sedición”.

El documento está firmado el 5 de noviembre, o sea, antes de que se aprobara la resolución en el Parlamento catalán, y allí Zaragoza da por sentado que el TC aceptará el recurso presentado por el gobierno. Es en este escenario, afirma, que “la adopción de nuevos acuerdos o la toma de decisiones, en el ámbito que fuere, haciendo caso omiso de la decisión del TC [...], podrían constituir no sólo delito de sedición [...] sino también de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones o uso indebido de fondos públicos”, que son parte de los considerados “delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno”.

Varias fuentes de los sindicatos de la policía catalana manifestaron a la agencia de noticias Efe que ellos seguirán haciendo cumplir la ley, pero siempre cumpliendo órdenes, y que se sentían incómodos al verse involucrados en una situación eminentemente política. Por su parte, el presidente del sindicato mayoritario de los funcionarios catalanes, Miguel Borra, advirtió que ellos corren el riesgo de ser juzgados por prevaricar si siguen las órdenes del gobierno para llevar adelante la resolución independentista.

Mientras tanto, el presidente Artur Mas continúa buscando su reelección en el Parlamento de Cataluña. En la primera votación, ayer, Mas fue respaldado sólo por los votos de la coalición independentista que integra, Juntos por el Sí, y no por el partido, también independentista, Candidatura de Unidad Popular (CUP). Incluso la CUP propuso ayer otra opción: que el candidato a presidente por Juntos por el Sí sea Raül Romeva, quien encabezó la lista, y no Mas, una posibilidad que fue descartada por la coalición y por el propio Romeva. Él dijo que “en estos momentos” su candidatura no está arriba de la mesa e insistió en que está trabajando “a favor de un acuerdo”.