Victor Ponta, primer ministro de Rumania, anunció ayer su dimisión, un día después de que unas 20.000 personas salieran a las calles para exigir al gobierno que asuma responsabilidades por el incendio en el club nocturno Colectiv, en Bucarest, en el que murieron 32 personas y más de 100 resultaron heridas, en un local que no cumplía con las normas de seguridad.
“Yo puedo enfrentar cualquier tipo de batalla política, pero no puedo luchar contra el pueblo”, señaló el primer ministro Ponta tras anunciar su renuncia, en referencia a las protestas contra la corrupción y contra el gobierno rumano que se multiplicaron desde la tragedia de Colectiv, ocurrida el viernes. La renuncia de Ponta, que está imputado por varios cargos de blanqueo de capitales, evasión fiscal y 17 infracciones de falsedad documental en escritura pública -casos anteriores a su asunción como primer ministro- había sido pedida por la oposición y también por miembros de su propio partido, pero el hasta ayer primer ministro no parecía querer soltar la cuerda y había prometido que cumpliría su mandato hasta el final de 2016. Ayer explicó que renunciaba porque tiene “la obligación” de reconocer el rechazo que existe en la sociedad hacia su gestión.
El fuego en el club Colectiv se produjo en la noche del viernes mientras más de 400 personas disfrutaban de un concierto de rock. En determinado momento, se encendieron fuegos artificiales entre el público y se prendieron rápidamente un pilar y parte del techo, según los testigos. Las investigaciones por parte de la Policía confirmaron que el local no sólo carecía de permiso para alojar a tanta gente sino que, además, no cumplía con las normas básicas de seguridad, no disponía de las salidas necesarias y había sido hecho con materiales inadecuados de construcción y aislamiento. De hecho, el material empleado para aislar el local era inflamable, por lo que el fuego se propagó inmediatamente y, ante la estampida de personas que querían salir, muchas quedaron atrapadas porque no había salida de emergencia. Las distintas protestas que tienen lugar en Rumania en estos días vinculan la tragedia a los sobornos y a la corrupción, un mal que hace años se impregnó en las bases políticas y sociales del país. El domingo, en un video publicado en su página de Facebook, el propio presidente rumano, Klaus Iohannis, dijo: “No debemos tolerar más la incompetencia de las autoridades ni la ineficacia de las instituciones, y no podemos permitir que la corrupción se desarrolle hasta tal punto que termine por matar”. También atribuyó las causas de la tragedia -que como un trago amargo nos recuerda lo que pasó hace 11 años en el boliche Cromañón de Buenos Aires- a irregularidades y a la negligencia de los tres dueños del local, que fueron arrestados el lunes por “homicidio involuntario”.
La dimisión del primer ministro -que incluye también la salida de todo su gabinete- puede otorgar una nueva forma al Parlamento rumano, hoy constituido por una coalición de tres partidos: el Partido Social Demócrata, la Unión Nacional del Progreso de Rumania y el Partido Conservador. Está previsto que en las próximas horas Iohannis consulte con los demás partidos para proponer un candidato que ocupe el puesto que dejó Ponta.
Por su parte, el opositor Partido Nacional Liberal exigió la convocatoria de elecciones generales anticipadas para que haya un “nuevo Parlamento que tenga la legitimidad del voto popular”, según señaló Alina Gorghiu, presidenta del partido de centroderecha.
