El anuncio de Cunha acerca de que daría curso a un pedido de juicio político contra la presidenta generó reacciones en el gobierno brasileño, que comenzó a trabajar en la estrategia de defensa contra ese proceso. En declaraciones al diario Folha de São Paulo, el procurador general del gobierno, Luís Inácio Adams, dijo que “la defensa legal en el Supremo Tribunal Federal” se dará “en dos etapas”. En primer lugar, dijo, le corresponde a la bancada oficialista cuestionar el procedimiento adoptado por Cunha, ya que “se trata de cuestiones legislativas”.
Esta presentación debe ser firmada por el diputado del Partido de los Trabajadores (PT) Wadih Damous, que coordina las acciones legales y jurídicas de la bancada de esa organización política, y apuntará a suspender el acto de Cunha, apartarlo del cargo y anular el juicio, argumentando que el diputado incurrió en abuso de poder. Según Damous, Cunha “está tomando ventaja de la posición que ocupa para llevar a cabo acciones que no tienen finalidad pública, sino privada”, como “represalia [contra el Partido de los Trabajadores (PT)] por no apoyar el archivo de su proceso de juicio político en el Consejo de Ética” de la cámara. El presidente de Diputados puede perder su cargo en ese proceso que se impulsa en el Consejo de Ética después de que la Fiscalía le abrió una investigación por supuestas cuentas ocultas que tiene en el exterior, que podrían vincularse con el escándalo de corrupción de Petrobras.
Por otra parte, informó el periódico O Estado, los diputados van a argumentar ante el Supremo Tribunal Federal que no hay motivo para iniciar el juicio político porque Rousseff no cometió un “delito de responsabilidad”, categoría contemplada como motivo para someter a un presidente a ese proceso. Argumentan que sin que se haya establecido que cometió un delito de ese tipo, no hay una razón suficiente para promover el juicio político.
La oposición acusa a Rousseff, a partir de un informe del Tribunal de Cuentas, de haber “maquillado” mediante ciertas maniobras balances y presupuestos de 2014 para que no aparecieran como deficitarios. Agrega la sospecha de que pudo haber reiterado estas maniobras en 2015. La presidenta dijo el miércoles que todas las denuncias en su contra son “inconsistentes e improcedentes”.
Ayer, el vicepresidente Michel Temer manifestó que está a disposición para ayudar a trazar el plan de defensa. Además de la estrategia legal, el secretario de gobierno, Ricardo Berzoini, convocará a los líderes de la alianza de gobierno para comenzar a articular “el camino para derrumbar la solicitud de juicio político” contra Rousseff, según informó Folha.
Por otra parte, Cunha -que el miércoles había insistido en que no autorizó la apertura del proceso contra Rousseff “por motivación política”, sino porque no tenía elementos para rechazarla- acusó a la presidenta de mentir cuando dijo ese día que no estaba involucrada en ningún tipo de negociación para escapar del juicio político. “La presidenta le mintió a la nación cuando dijo que el gobierno no permitió ninguna negociación. [...] Ella estaba participando en una”, dijo Cunha a la prensa. A la vez, aclaró que el trato fue con el gobierno y no con él, y dijo “saber” que el Ejecutivo ofreció los votos del PT en el Consejo de Ética a cambio de salvar su juicio político.
Del otro lado de la cancha, el ministro de la Presidencia, Jacques Wagner, denunció que existieron amenazas y “chantajes” por parte del presidente de la Cámara de Diputados, que intentaba así evitar su propio enjuiciamiento. “Él amenazaba con que si no lo apoyaban, autorizaría el juicio”, aseguró. En una conferencia de prensa que brindó ayer, el ministro agregó que Brasil no puede rendirse ante alguien como Cunha, que “usa su propio poder para paralizar el país y para paralizar el Congreso, siempre con la herramienta de la amenaza para conquistar lo que quiere”. Completó: “El gran derrotado es él, que tendrá que enfrentar sin amenazas el proceso en el Consejo de Ética”.