En una nueva fase de la operación Lava Jato sobre la red de corrupción en Petrobas, la Policía Federal -que lleva adelante las acciones vinculadas a la investigación judicial pedidas por la Fiscalía y autorizadas por el Supremo Tribunal Federal- allanó ayer las casas de varios dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del gobierno de Dilma Rousseff.
El listado de viviendas allanadas es extenso e incluye la residencia y las oficinas del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, así como las casas de los ministros de Ciencia y Tecnología, Celso Pancera, y de Turismo, Henrique Eduardo Alves. También fueron allanadas las casas del ex ministro de Dilma Rousseff y senador Edison Lobão y de otros diez dirigentes políticos del PMDB. Además, la Policía Federal revisó la casa del senador y ex ministro Fernando Bezerra, que ahora pertenece al Partido Socialista Brasileño pero se lo investiga por hechos ocurridos cuando era miembro del PMDB.
Excepto Cunha, los demás dirigentes son cercanos al presidente del Senado, Renan Calheiros, que se ha mostrado favorable a la continuidad de Rousseff en el cargo, y al vicepresidente brasileño y líder del PMDB, Michel Temer, que la semana pasada marcó distancia de la presidenta, cuyo mandato está amenazado por un juicio político aprobado por el propio Cunha. El proceso fue suspendido la semana pasada por un juez del Supremo Tribunal Federal por una cuestión formal, y hoy el pleno de esa corte votará si los procedimientos seguidos por Cunha para habilitar el juicio político son los correctos.
Justamente a eso se refirió Cunha ayer, después de los allanamientos. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que el operativo fue una “revancha” del gobierno. Señaló que fue desplegado después de que él aceptara el pedido de juicio político contra Rousseff y un día antes de que el Supremo Tribunal Federal vote si ese proceso puede continuar. Además, los allanamientos ocurrieron un día después de que el Consejo de Ética de Diputados decidiera aceptar a trámite el pedido del cese de Cunha por no haber cumplido con el reglamento de la cámara baja. El proceso podría derivar en que se le retire a este político su banca de diputado.
Por su parte, integrantes de la dirección del Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff, opinaron sobre los allanamientos en declaraciones al diario Folha de São Paulo, pidiendo que no publicara sus nombres. Consideraron que pueden llevar a que los sectores del PMDB que todavía apoyan al gobierno decidan unirse a quienes promueven el juicio político. En el mismo sentido se manifestaron fuentes de Planalto, la sede del Ejecutivo, en declaraciones a O Globo. “Esa operación golpeó al PMDB en el corazón, aumentando la inestabilidad del gobierno. Eleva el grado de tensión”, dijo una de ellas.
Públicamente, Planalto pidió que se investiguen rápidamente estas denuncias, y el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, respondió a Cunha asegurando que la Policía Federal investiga “todo y a todos, poco importa el partido”. Cardozo agregó: “Nosotros no tenemos influencia acerca de quién debe ser investigado, por lo tanto ese tipo de acusaciones son absolutamente indebidas”.