La más difundida promesa en materia económica -eliminar a partir del 11 de diciembre el “cepo al dólar”- amenaza con ser el primer incumplimiento del gobierno entrante, a 24 horas de asumir. En Argentina existen cinco tipos de cambio, desde el oficial, en el que interviene el Banco Central de la República Argentina (BCRA), hasta el “dólar blue”, que es simplemente del mercado negro. Al día de hoy, los compradores aceptan pagar 60% más por el dólar blue, lo que indica cuál sería más o menos el precio en el que se equilibraría el mercado cambiario.
La propuesta de Macri y su equipo es que, de pique, haya un único tipo de cambio y que además sea libre, es decir, que no haya intervención de la autoridad monetaria. La pregunta es si el nuevo gobierno está dispuesto a asumir una devaluación de tal envergadura, que, entre otras cosas, dispararía el endeudamiento -en dólares- de empresas, familias y del propio sector público.
Alfonso Prat-Gay, el designado ministro de Hacienda, fue uno de los primeros especialistas en jugársela por la apertura del cepo cambiario el día del cambio de gobierno, pero él mismo -ya sea porque faltan pocos días para que comience a ejercer la responsabilidad directa en estos temas o por la eventualidad de que se haya recibido nueva información sobre el estado de las reservas del BCRA- ha practicado un giro hacia el gradualismo y por estos días afirma que el gobierno se tomará unos días para procesar la decisión.
El tema tiene un ingrediente adicional. La salida del cepo debe ser liderada por el BCRA, cuyo actual presidente, el kirchnerista Alejandro Vanoli, tiene mandato legal hasta 2019, y no es claro que acepte de voluntad propia abandonar su cargo, sobre todo cuando lo ampara la Carta Orgánica de la institución.
Varias de las propuestas políticas de Macri adolecen del mismo problema: sirvieron para captar adhesiones, pero al llegar el momento de practicarlas, evidencian contradicciones entre sí. En el caso de la política monetaria, la contradicción es elemental, ya que no es posible liberalizar el tipo de cambio y, al mismo tiempo, mantener la cotización de la divisa en los niveles actuales. Es de manual: se controla una cosa o la otra.
Ante esta crítica y durante la campaña, Macri enmarcaba su promesa de liberalizar el tipo de cambio y, a la vez, mantener su valor a partir de un diagnóstico del contexto económico global, al menos, discutible. Según entendía, no sería necesario que la autoridad monetaria sostuviera la cotización de la moneda con las pocas reservas internacionales que tenía, porque la entrada de divisas al país sería tan grande a partir del cambio de gobierno, que la tarea del BCRA consistiría en verdad en frenar una escalada excesiva. Aunque nadie sabe cuáles son las verdaderas cifras (un subproducto muy negativo de los gobiernos kirchneristas), se presume que las reservas internacionales que quedan en el BCRA son escasas o muy escasas, lo que limita su capacidad de reacción ante un escenario en el que aumenten la demanda de dólares y la oferta de pesos.
Todo no se puede
A diferencia del candidato oficialista, Daniel Scioli, que en el debate previo a las elecciones prefirió decir que sería un problema difícil de resolver, Macri prometió llevar la inflación a menos de 10% anual. En cualquier país, el alza de los precios al consumo es un lastre para el crecimiento, pero en Argentina la memoria trae recuerdos de hiperinflaciones que limaron salarios y diezmaron la competitividad internacional de la producción.
Para combatir una inflación que el Fondo Monetario Internacional estima que rondará en 26% el año que viene, Macri debería mantener un peso fuerte para que las compras en el exterior sean más baratas. Pero una medida como ésa iría directamente en contra de fomentar el crecimiento por medio de las exportaciones, y es incoherente con un tipo de cambio libre y flexible. Combatir la alta inflación y, al mismo tiempo, estimular la economía desde el Estado (durante la campaña electoral afirmó que el Estado crearía el crecimiento) es un sueño imposible.
En relación con la “heterodoxa” política de Precios Cuidados, la gobernadora electa de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, había sostenido que “no son lo nuestro”, pero luego los funcionarios de Cambiemos tuvieron que rever sus dichos, y el próximo ministro de Producción, Francisco Cabrera, anunció que el programa se extenderá seis meses más.
También durante la campaña Macri prometió que bajaría los impuestos, en especial a las clases medias y populares, pero no hay nada más fácil de decir y más difícil de hacer. Macri sostenía que es necesario aumentar los mínimos no imponibles del impuesto a la renta, que en su opinión es “una estafa”, además de eliminar el recargo contra las exportaciones de maíz y trigo. Pero, a la vez que hacía referencia a rebajas impositivas, aseguraba que mantendría la deuda pública bajo control. “Estar al día con las deudas, no deberle nada a nadie, no ser moroso” es algo importante para el próximo presidente, lo que incluye negociar con los fondos buitres y eventualmente prever desembolsos fiscales para atender pagos.
Iguales pero distintos
El litigio con los fondos buitres Elliott Management y Aurelius es una de las principales trabas para obtener financiamiento externo. Si bien durante la campaña electoral se escucharon frases como “negociar con dureza como [Axel] Kicillof”, el diputado de Cambiemos Federico Pinedo aclaró que en el equipo económico son más proclives a “hacer lo que diga el juez Thomas Griesa”.
La necesidad de dólares (por lo visto, no era muy convincente la idea de la avalancha de dólares prevista en la campaña) en el corto plazo no puede venir de mayores exportaciones, porque los mercados perdidos no pueden ser recuperados de la noche a la mañana. Por eso, el gobierno electo evalúa no sólo contratar préstamos con organismos internacionales de crédito, sino emitir títulos de deuda. También se anunció la puesta en marcha de un plan de blanqueo de capitales, por el que ingresarían 10.000 millones de dólares, con una quita de 5%.
En alta correlación con los problemas fiscales, el nuevo gobierno prevé la eliminación de los subsidios a algunos servicios, en particular los energéticos. El futuro ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró que se apostará por salir de la “esquizofrenia” en materia energética, eliminando los subsidios en un país que importa 15% de su energía. No obstante, esta decisión enfrentará resistencias sociales que el gobierno deberá salvar a partir de sus apoyos políticos, que son escasos.
En materia de exportaciones, el gobierno electo se la juega por cumplir con la promesa electoral de eliminar gradualmente las retenciones que gravan las exportaciones de las economías regionales. En este sentido, el nuevo ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, se comprometió a “eliminar totalmente las retenciones a las economías regionales, sumado a una compensación por flete, también las correspondientes al trigo y al maíz y una reducción gradual de cinco puntos en la soja”. De esta forma, el futuro gobierno busca aumentar la rentabilidad del sector y recuperar los 4.500 millones de dólares de soja.
Pero esta medida tiene su costado negativo -al fin y al cabo, es de economía de lo que hablamos-, porque una quita de retenciones al trigo, junto con una eventual devaluación, implicaría un incremento de precios de más de 100% en las harinas y aceites, por lo que los rubros alimenticios podrían tener subas de precios de hasta 80% en pocos meses.
Atendido por sus propios dueños
Por otra parte, está lo del método o el estilo. Macri apuesta a una idea que no es nueva: gobernar valiéndose de la cultura del management. La mayoría de los integrantes del próximo gabinete provienen de la conducción de empresas: Susana Malcorra (cancillería, ex gerenta general de Telecom Argentina), Francisco Cabrera (Producción, ex director ejecutivo de la compañía de pensiones Máxima AFJP), Guillermo Dietrich (Transporte, ex director ejecutivo de autocosmos.com, un portal del mercado automotor), Pablo Avelluto (Cultura, ex director de la Editorial de la Región Sur de Random House Mondadori), Juan José Aranguren (Energía y Minería, ex presidente de la filial argentina de Shell), Hernán Lombardi (Medios, empresario hotelero), Ricardo Buryaile (Agricultura, empresario agropecuario), Andrés Ibarra (Modernización, ejecutivo de Grupo Macri) y Gustavo Santos (Turismo, presidente de la Agencia Córdoba de Turismo) han dirigido compañías importantes.
Los dos principales asesores del futuro jefe de Gabinete, Marcos Peña, serán dos managers muy reconocidos: Mario Quintana (director ejecutivo de Farmacity) y Gustavo Lopetegui (director ejecutivo de LAN Argentina). Según el diario La Nación, serán estos últimos los encargados de coordinar el trabajo de los ministros, sobre todo los del área económica. Quintana y Lopetegui serán algo así como “gerentes generales” y buscarán infundir en el nuevo gobierno los criterios de eficiencia, innovación y marketing característicos de la racionalidad empresarial. Adicionalmente, Macri evitará tener un superministro de Economía y por eso diseñó una conducción económica en gabinete y horizontal, que integrarán -además de Prat-Gay-, Dietrich, Aranguren, Buryaile, Cabrera y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.