Casanello emitió su fallo con el argumento de que no hay “siquiera una prueba directa” que muestre que el actual mandatario ordenó espiar a Leonardo -esposo de una hermana del presidente, que falleció el año pasado- y a Burstein, que acusaron a Macri de crear una “asociación ilícita” destinada al espionaje clandestino con ayuda del ex jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, Jorge Fino Palacios.
Según la investigación, además de Palacios está involucrado Ciro James, que tenía un cargo en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto ocurrió cuando Macri era el jefe del Gobierno porteño. El actual presidente argentino fue procesado en mayo de 2010 por el juez Norberto Oyarbide, que dio por “probadas” todas las acusaciones. De hecho, dos meses después, el procesamiento fue confirmado en forma unánime por un tribunal.
Sin embargo, cuando en marzo de 2014 Casanello quedó a cargo de esta causa, ya lista para ser elevada a juicio oral, dictaminó que no había pruebas suficientes para iniciar ese proceso contra Macri. Acto seguido, anuló el cierre de la investigación que había llevado adelante Oyarbide, y dispuso nuevas medidas, entre ellas la incorporación de dos testimonios que resultaron determinantes para el sobreseimiento. Por un lado, la declaración del ex ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y actual embajador de Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro, quien dijo que Macri no tuvo nada que ver con la elección de Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. Así, Montenegro sostuvo uno de los argumentos del juez: que “Macri no podía consentir ni tolerar lo que no conocía”. Por otro lado, sumó el testimonio del gerente de la empresa estadounidense de seguridad e investigaciones Ackerman Group, Emanuel Ackerman, que informó que fue Franco Macri, el padre del mandatario, y no Mauricio quien contrató sus servicios para investigar a su entonces yerno, Leonardo, porque estaba preocupado por la seguridad de su hija.
El fallo de ayer establece que estos nuevos testimonios “ratificaron la ausencia de prueba de cargo” contra el presidente, y confirman que Macri es “ajeno” a toda “intromisión telefónica” y al “armado de una empresa ilegal de espionaje dentro de su gobierno”.
El fiscal del caso, Jorge Di Lello, adhiere a esta última postura, algo que resulta extraño porque él mismo impulsó la investigación contra Macri y durante años sostuvo su procesamiento. También sorprenden las circunstancias en las que pidió la revocación del procesamiento: lo hizo cuatro días después del triunfo de Macri en el balotaje, y entonces argumentó, escuetamente, que las nuevas pruebas mostraban “un cuadro nuevo y distinto”.
“Una cosa es asignar responsabilidad política -o de gobierno- por haber tomado decisiones que pueden ser criticadas o censuradas desde un punto de vista ideológico, axiológico, con relación a los valores priorizados [...] y otra muy distinta, atribuir responsabilidad penal por haber conocido y participado de actividades delictivas. La tarea nuestra incumbe exclusivamente a esto último: verificar la existencia de un hecho ilícito, individualizar e identificar a su presunto autor y comprobar, en su caso, el daño material y moral causado por él”, concluye el fallo, que todavía puede ser apelado por los denunciantes.
Luis Conde, el abogado de Leonardo, dijo ayer a la radio Belgrano: “Veremos los fundamentos del doctor Casanello, y si no nos gustan los argumentos apelaremos esa decisión, aunque no tenemos mucho por revisar en la cámara”. Conde dijo que la “veía venir” porque “es fin de año y Macri es presidente”. Agregó: “Estoy convencido de que con las pruebas que hay nos sobraba para ir a juicio oral, pero las cosas han cambiado y los que decían ‘que no’, ahora dicen ‘que sí’”.
Una tras otra
Unas horas después de que se revocara el procesamiento de Macri por el caso de las escuchas ilegales, la Cámara Nacional de Casación rechazó un recurso de queja de los querellantes en la causa iniciada en 2008 que investiga lesiones y agresiones a indigentes durante diversos operativos de recuperación de espacios públicos. La denuncia apunta contra agentes de la Unidad de Control del Espacio Público, creada por Macri en 2008 y disuelta un año después.
En el fallo, firmado el 21 de diciembre, los jueces Mario Magariños, Gustavo Bruzzone y Daniel Morin declararon inadmisible el recurso de queja, tras el rechazo del recurso de casación, “dado que el impugnante no logró demostrar arbitrariedad alguna en la resolución atacada, así como tampoco la existencia de la cuestión federal”. Según informó el diario Clarín, en este caso, el sobreseimiento es definitivo porque no hay más instancias de.