El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que mantuvo ayer su primera sesión para evaluar la continuidad del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, recibió el pedido del procurador general, Rodrigo Janot, de que se separe de su cargo de diputado al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
“La medida es necesaria para garantizar el orden público, la regularidad de los procedimientos criminales en curso mediante el STF y la normalidad de las gestiones que se realizan en el Consejo de Ética”, donde Cunha es juzgado por irregularidades, argumenta Janot en su pedido, según publicaron los medios brasileños. El presidente de la Cámara de Diputados “utiliza su cargo para interés propio y fines ilícitos”, señala Janot antes de repasar 11 hechos, que considera comprobados, en los que Cunha utilizó su cargo para “intimidar” a diputados y senadores, a los acusados por el caso Petrobras que están colaborando con la Justicia, a abogados y a funcionarios “con el objetivo de obstaculizar y retrasar las investigaciones en su contra”. Algunas de las pruebas presentadas en el escrito se obtuvieron en los allanamientos a residencias y oficinas de Cunha realizados el martes.
Antes, el STF había comenzado el debate previo a la votación que definirá la continuidad del juicio político contra Rousseff. La votación se realiza después de que el Partido Comunista de Brasil (PCB), que forma parte de la alianza de gobierno, presentara un recurso contra la forma en que el proceso fue llevado adelante hasta ahora por Cunha, con hincapié en dos aspectos. Uno es que, según el recurso, antes de aceptar el pedido de juicio político Cunha debería haber dado a Rousseff un período de 15 días para presentar sus descargos.
Esto no sucedió así; Cunha aceptó el pedido de juicio político y anunció la formación de una comisión especial que dará su parecer sobre ese proceso antes de que el tema se vote en el plenario de Diputados. La semana pasada se eligió a una parte de esa comisión: se presentaron ante los diputados dos listas que tenían mayorías favorables o contrarias a la realización del juicio político y fue elegida la primera lista.
Esa decisión se tomó con voto secreto, y justamente ése es otro punto que señala el recurso: argumenta que la Constitución establece que sólo algunas votaciones pueden ser definidas por voto secreto y que ésta no era una de ellas.
El recurso del PCB presentado ante el STF llevó a que la semana pasada el máximo órgano de la Justicia de Brasil ordenara a la Cámara de Diputados suspender el proceso de juicio político hasta que emitiera un fallo sobre estas cuestiones. Por sorteo se definió que el juez Luis Edson Fachin fuera quien presentara el caso y su opinión al respecto. Ayer lo hizo, en dos horas, y la sesión se suspendió hasta hoy, aunque los jueces manejaron la posibilidad de que el tema se defina, finalmente, mañana. Fachin se manifestó en contra del recurso del PCB, y ahora resta que voten los otros diez jueces que integran el tribunal.
Ayer el presidente del Senado, Renan Calheiros, dijo que, en el caso de que el STF apruebe la continuidad del juicio político, existe una “tendencia” a que se convoquen sesiones extraordinarias para resolver este tema lo antes posible, tal como pidió Rousseff días atrás.
La sesión del STF se llevó a cabo mientras en las calles de decenas de ciudades de Brasil comenzaban movilizaciones multitudinarias bajo la consigna “Ese juicio político es un golpe [de Estado]” y “No va a haber golpe”. La convocatoria fue realizada por el Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff, la Central Única de Trabajadores, el Movimiento de los sin Tierra y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, entre otras organizaciones de la izquierda brasileña.