Por decreto, el presidente argentino, Mauricio Macri, intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), encargada de hacer cumplir la ley de medios, norma que fue uno de los hitos de los gobiernos kirchneristas. Esa ley incluyó disposiciones que limitaban la concentración de medios en pocas manos, y uno de los afectados con el cambio fue el Grupo Clarín, enemigo declarado de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En su momento, Clarín recurrió a la Justicia para evitar que esa norma aprobada en 2009 entrara en vigencia y para intentar que fuera declarada inconstitucional. Finalmente la Corte Suprema confirmó su constitucionalidad, pero las luchas legales postergaron su aplicación hasta 2013. Ahora, con el decreto emitido por Macri, comienzan otras batallas.

El ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, fue el encargado de anunciar la intervención por 180 días de la AFSCA y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), y dijo que Macri se propone fusionar las dos instituciones. “Ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios”, y además “existe una rebeldía de las autoridades para atenerse al nuevo régimen”, dijo. “Esta rebelión justifica la intervención, porque si no estamos en un caos”, argumentó, y aclaró: “La ley de medios en este decreto de intervención no se toca, por ahora. Lo único que hicimos fue remover las autoridades”, porque “cada gobierno tiene derecho a nombrar sus funcionarios”.

El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, cuyo mandato se prolonga hasta 2017, aunque haya terminado el gobierno de Fernández, es una herencia que Macri recibió con disgusto, porque el funcionario responde a los lineamientos políticos que estableció el kirchnerismo. La intervención permite “removerlo” de ese lugar, en el que, según acusó Aguad, ese “militante político” ha “utilizado la ley de medios audiovisuales para atacar a ciertos medios y beneficiar a otros”. También el titular de la AFTIC, Norberto Berner, fue apartado de su cargo.

La intervención se llevó adelante con un operativo de la Policía, que colocó un vallado en la AFSCA y se instaló en la vereda de su sede para impedir que Sabbatella entrara, informó Página 12. El diario agregó que el gran despliegue policial fue explicado por el gobierno como consecuencia de “una mala información”.

En una entrevista que le hizo Víctor Hugo Morales para la radio Continental, Sabbatella dijo sobre Aguad: “Es un funcionario que dice que va a intervenir porque hay rebeldía, como si estuviéramos en la colimba y él fuera el general”. Para el ahora ex titular de la AFSCA, la intervención “es un atropello” y “una violación de la ley”. No es el único indignado por la decisión; varios dirigentes y ciudadanos protestaron ayer frente a la sede del organismo.

Allí el titular de la bancada de diputados del kirchnerista Frente para la Victoria, Héctor Recalde, dijo que este decreto “viola los tratados internacionales, la Constitución y la ley de medios”, y criticó que el gobierno “no sólo no convoca al Congreso” para tomar ciertas decisiones, sino que destituye por decreto a jerarcas nombrados por una comisión legislativa. Aludía a que el Ejecutivo de Macri ha sido muy cuestionado por nombrar por decreto a dos integrantes de la Corte Suprema. A tal punto que la diputada Elisa Carrió, integrante de Cambiemos, la coalición que llevó a Macri a la presidencia, anunció que presentaría un proyecto de ley para evitar que se nombren jueces sin el aval del Senado.

Cuestión de legalidad

En el lugar de Sabbatella quedó como interventor el ex legislador porteño Agustín Garzón, que según el diario La Nación es un abogado especializado en derecho administrativo, militante de Propuesta Republicana, el partido del presidente, y cercano al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Sabbatella dijo que le preocupa “que haya un gobierno, indiscutiblemente legítimo, pero con actitudes de un gobierno de facto, que no da cuenta de la ley vigente”, y dijo que los vallados que se veían durante la mañana daban “una sensación de Estado policial”. Agregó que la única explicación que encontraba para este decreto de necesidad y urgencia era “la necesidad y urgencia de Clarín” o la “del gobierno para pagar los favores de campaña”. También Berner, el titular de la AFTIC, dijo que la intervención es “una barbaridad” y que “están buscando esquivar la ley de cualquier modo”. A su vez, el diputado de la agrupación kirchnerista La Cámpora Eduardo de Pedro afirmó que “Macri cierra su primera cadena de devolución de favores a las corporaciones” y que el objetivo de la intervención es “consolidar y ampliar el monopolio de Clarín, reduciendo la pluralidad de voces para influir aun más en la opinión de la gente”.

Las batallas legales por esta decisión de Macri comenzaron ayer mismo. El primero en dirigirse a la Justicia fue Sabbatella. “Hicimos dos presentaciones: un hábeas corpus preventivo para garantizar la libertad ambulatoria del conjunto de los trabajadores y funcionarios, para que puedan trabajar libremente hasta que el Poder Judicial resuelva la situación, y un [recurso de] amparo, una medida cautelar para frenar este decreto ilegal”, dijo. La respuesta del gobierno llegó poco después. Según informó el diario Clarín, el Ejecutivo decidió presentar una denuncia penal contra Sabbatella por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”, por su resistencia a la intervención.