“Hemos cumplido el compromiso que adquirimos con los estudiantes y con las familias chilenas y hemos transformado la educación en un derecho”, dijo ayer el portavoz del gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Díaz. Poco antes, el Parlamento había aprobado un proyecto de ley enviado por Bachelet, por el cual unos 178.000 estudiantes -los que cuenten con menos recursos- podrán acceder a la educación superior de manera gratuita en universidades sin fines de lucro y que tengan al menos cuatro años de acreditadas. Además amplía el sistema de becas para centros de formación técnica y profesional, instituciones que se prevé que en un plazo de tres años también pasen a un sistema de gratuidad.