El levantamiento de las restricciones a la compraventa de dólares vigentes desde 2011 fue la principal promesa de campaña del presidente argentino, Mauricio Macri. Si bien no se dispuso inmediatamente, el anuncio llegó mucho antes de lo que esperaba la mayoría de los analistas. “El que quiera comprar dólares lo va a poder hacer, el que quiera exportar lo va a poder hacer sin permiso y el que quiera importar va a poder importar”, dijo Alfonso Prat-Gay, flamante ministro de Hacienda, al presentar la medida. Las palabras elegidas fueron una fundamentación de la decisión y, sobre todo, una declaración de principios. Ese día, Prat-Gay no quiso estimar cuál sería el valor del dólar a futuro, pero aseguró que, mediante compromisos empresariales, medidas internas y préstamos internacionales, el Banco Central va a contar con capacidad de intervenir si el valor de la divisa se dispara.

Como era previsible, esta política derivó en una fuerte devaluación de la moneda local (40% si se la compara con el tipo de cambio oficial que regía hasta ese momento), que hizo temer por su efecto sobre la inflación. Sin embargo, en el mundo de las empresas no temen tanto una disparada de los precios, porque consideran que muchos de éstos ya estaban fijados según el valor del dólar ilegal. Lo que sí preocupa en este ámbito es una contracción de la actividad económica, que puede ocurrir tanto por la suba de precios como de las tasas de interés.

El temor no está despejado. El gobierno de Macri buscará que la devaluación no se concrete en una carrera entre precios y salarios que en poco tiempo lleve todo al punto de partida. Las empresas ya venían remarcando precios desde hacía varias semanas, anticipándose a la devaluación prometida durante la campaña, y los dirigentes sindicales han anunciado que no mirarán de brazos cruzados cómo cae el poder adquisitivo de los salarios. Por eso, las centrales obreras reclamaron la semana pasada un bono de fin de año para todos los trabajadores, más allá de lo que pueda conseguir cada sector en la negociación con las patronales. La respuesta no se hizo esperar. La medida fue descartada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y por el propio Prat-Gay.

Exigentes

Pero la pelea de fondo está relacionada con la fijación de las paritarias (las pautas salariales en las negociaciones entre patrones y sindicatos), sobre todo considerando la aceleración de la inflación registrada en los dos últimos meses del año. En este punto, el gobierno anunció que exigirá a los empresarios retrotraer los precios al 20 de noviembre, algo que no está claro cómo se podrá lograr si no está previsto continuar el programa de “Precios cuidados”.

Prat-Gay destacó que el gobierno buscará acercar las posturas de trabajadores y patrones. “Vamos a empezar a discutir con organizaciones gremiales y empresarios de qué manera vamos a ir transitando el verano”, en el marco de “un acuerdo económico social amplio que va a convocar el presidente Mauricio Macri”, dijo el ministro de Hacienda en una conferencia de prensa ofrecida el lunes en la cumbre de ministros del Mercosur en Asunción. Pero también aprovechó la oportunidad para aclarar hasta dónde pretende ir el gobierno en la mediación entre las partes, ya que remarcó el compromiso con “un programa fiscal ordenado y coherente con las metas de inflación”.

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, dijo que las reservas crecieron 250 millones de dólares el viernes. Cuando los periodistas le preguntaron por la devaluación del peso, el funcionario sorprendió al afirmar: “¿Devaluación? No, acá hubo una apreciación del peso. Era la medida que había que tomar, y a partir de esto la situación se va a normalizar”. Claro, Sturzenegger tomó como referencia el dólar blue, pero la mayoría de las importaciones y exportaciones del país se canalizaba mediante el mercado oficial.

El funcionario, que participó también en la cumbre del Mercosur en Asunción, destacó: “Argentina va a tener un crecimiento mucho más acelerado de las exportaciones, y va a normalizar su flujo de capitales”. Para el ministro de Desarrollo e Industria de Brasil, Armando Monteiro, “lo que hizo el nuevo gobierno argentino apunta a una política cambiaria realista, y eso es muy importante, porque dará más dinamismo a la relación entre los países del bloque”. Opinó que la situación será de calma y sin turbulencias.

Olor feo

Sin embargo, para el líder sindical peronista y antikirchnerista Hugo Moyano, las medidas del nuevo gobierno tienen “aroma a los 90”. El dirigente pidió a Macri que “en algún momento se acuerde de los trabajadores”. En una entrevista en la radio, Moyano destacó que “el gobierno toma decisiones muy fuertes y ha sido muy generoso con algunos sectores de la Argentina, como el campo”.

“Si Macri quiere hacer un ajuste, es por responsabilidad de este gobierno, no porque le hayan dejado un problema”, afirmó el domingo en un acto multitudinario en el parque Centenario de Buenos Aires el actual diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof. “¿No es el colmo que haya puesto en Aerolíneas Argentinas a gente de Lan, en YPF a gente de Shell o en el Banco Central a gente que viene del JP Morgan? Parece que quieren un país manejado por sus propios dueños”, se quejó, y preguntó a la multitud cuándo el gobierno de Macri anunciaría una medida “a favor del pueblo”. Kicillof aseguró que el gobierno de Macri trató de convencer a los argentinos de que no había reservas en el Banco Central para devaluar. Aseguró: “Vamos a seguir explicando lo que hicimos y lo que están haciendo, y no nos van a poder callar”.

Otra de las promesas más escuchadas durante la campaña fue la quita de las retenciones a la exportación de cereales. El lunes 14, al día siguiente de asumir, Macri anunció la medida y remarcó que “el país no sale adelante sin el campo”. De acuerdo con estimaciones del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana -creado por la Fundación Mediterránea, una asociación civil fundada por iniciativa de 34 empresas de la provincia de Córdoba-, el costo fiscal de la eliminación de los derechos de exportación a los productos agrarios será de 3.685 millones de dólares (cifra que “recuperará” el sector agropecuario), lo que significa una caída de 2,5 puntos porcentuales en los ingresos tributarios del sector público nacional.