“No están dadas las condiciones para que la presidenta concurra al Congreso”, dijo Parrilli, que mantuvo encuentros con representantes del gobierno entrante para llegar a un acuerdo acerca de la ceremonia de traspaso de mando. “Hoy tuvimos una reunión a las 13.00, muy cordial. Acordamos todos los detalles de seguridad, protocolares, e hicimos una propuesta. Dijeron que tenían que consultarla con Macri”, dijo el funcionario, que hoy es titular de la Agencia Federal de Inteligencia. “Ahí nos enteramos de que habían iniciado la medida cautelar”, agregó.

La noche anterior, Macri y quien será su vicepresidenta, Gabriela Michetti, presentaron una acción judicial para que Fernández “se abstenga de seguir cumpliendo su función desde las 0 horas del jueves 10”, de tal modo que el nuevo gobierno asuma antes de la ceremonia. El fiscal Jorge Di Lello accedió al pedido y anoche estaba pendiente el fallo de la jueza María Servini de Cubría al respecto, informó la prensa argentina.

“Ante esta circunstancia, la presidenta no se va a exponer a que con este dictamen se la acuse de usurpación de título viniendo a hacer traspaso de mando”, dijo Parrilli. “Damos por terminado este debate”, agregó, y señaló que durante 12 horas “no habrá presidente” debido al dictamen. “Entre esto y un golpe de Estado no hay mucha diferencia”, dijo, y reconoció que “es un poco exagerada la comparación, pero también es exagerado todo esto”.

Poco después, la Casa Rosada publicó en Twitter un texto en el que el secretario general de la presidencia, Eduardo de Pedro, afirma que Fernández “irá al Congreso de la Nación, presenciará la jura del presidente electo y dejará los atributos [la banda presidencial y el bastón de mando] en el recinto, para que desde allí puedan ser trasladados a la Casa Rosada”.

Esta tensión, y este intento de medir fuerzas, tendrá también su reflejo en las calles de Buenos Aires. Esta tarde, con la excusa de la inauguración de un busto de Néstor Kirchner en la Casa Rosada, decenas de organizaciones políticas y sociales participarán en una manifestación en la Plaza de Mayo para acompañar la salida de la presidencia de Cristina Fernández. Mañana a las 10.00, La Cámpora -la juventud kirchnerista- va a manifestarse, bajo la consigna “Siempre con vos”, frente al Congreso, y se espera que también concurran otras organizaciones oficialistas, como el Movimiento Evita.

Mañana también se movilizarán las Madres de Plaza de Mayo, que realizarán su marcha habitual de los jueves, pero además se quedarán hasta el día siguiente, tal como se hacía durante la dictadura, bajo el lema “Ni un paso atrás. Resistir es combatir”, informaron voceros de la organización al diario La Nación.

También habrá una movilización del macrismo: Cambiemos convocó a sus militantes a reunirse en la Plaza de Mayo para “recibir” a Macri. El gobierno no dio a conocer las medidas de seguridad que serán adoptadas para que todas estas movilizaciones no coincidan, pero está alertado. “Será una movilización importante”, dijo ayer el secretario de Seguridad, Sergio Berni.

Otras diferencias

Desde que triunfó en la segunda vuelta electoral, el 22 de noviembre, la alianza Cambiemos intentó que el gobierno detuviera sus acciones a la espera de que asumiera el presidente electo. Así, por ejemplo, pidió que se suspendiera una sesión del Congreso prevista para esa semana, en la que se aprobarían varios proyectos de ley presentados por el kirchnerismo que, además, generaban gastos a largo plazo para el Estado.

La propuesta fue oficializada por el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que integra la coalición Cambiemos, Mario Negri: “Lo que pretendemos es una cosa de sentido común […] que no haya sesiones hasta el 10 de diciembre, cuando asume el nuevo presidente”. La jefa del bloque de diputados del oficialista Frente para la Victoria (FpV), Juliana Di Tullio, rechazó de plano esa posibilidad: “No vamos a paralizar el Congreso como pidió la oposición, la presidenta de la República tiene que terminar su mandato”, dijo. Finalmente, la sesión se realizó con la presencia del FpV y algunos diputados de otros partidos, pero con la ausencia de aquellos que pertenecen a partidos integrantes de Cambiemos.

En ese tire y afloje se aprobaron 90 proyectos de ley, pero sólo uno quedará definitivamente aprobado -una ley que formaliza la estatización de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio-. Los 90 proyectos necesitaban la aprobación en el Senado, y el jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Pichetto, dijo que propondría tratar solamente ese proyecto, esta noche. “Yo no voy a aprobar 90 leyes en una semana”, dijo, antes de señalar que sí lo hará con la de los yacimientos de Río Turbio debido a que desconfía del nuevo gobierno y quiere garantizar que la empresa siga funcionando, para lo cual es necesario que la actual estatización quede establecida por ley.

Pichetto frustró los deseos del oficialismo de cerrar el gobierno con un paquete de leyes contundente, pero la Casa Rosada tomó otras dos decisiones que tendrán impacto en el próximo gobierno, ambas a favor de los gobernantes de las provincias (que serán uno de los bastiones de poder del kirchnerismo una vez que ya no esté en el gobierno nacional).

En una de esas decisiones, publicada en el Boletín Oficial por el ministro de Economía, Axel Kicillof, el gobierno nacional le da un año de gracia a las provincias para que paguen sus deudas con el Estado nacional, que debían pagar antes de fin de año.

La otra es un decreto mediante el cual Fernández acata un fallo judicial y amplía su aplicación. En 1992, cuando gobernaba Carlos Menem, el gobierno nacional y las provincias aprobaron un acuerdo según el cual éstas volcarían a la Administración Nacional de la Seguridad Social 15% de sus recaudaciones de impuestos. La medida fue prorrogada en varias ocasiones, con el acuerdo de las provincias, pero en 2006, bajo el mandato de Kirchner, se hizo ley sin el respaldo de algunas provincias, que estaban en manos opositoras. Entre estas provincias estaban Córdoba, San Luis y Santa Fe, que recurrieron a la Justicia. A fines de noviembre, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la aprobación de esa ley e instó al gobierno nacional a que dejara de retener esos fondos en el caso de estas tres provincias.

Fernández ordenó que así se hiciera con todas las provincias, en un decreto publicado el 1º de diciembre. El propio decreto del Poder Ejecutivo reconoce que esta medida provoca “un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social”, lo que condiciona al nuevo gobierno.

Esto irritó a Macri, que el jueves, después de sacarse una foto con todos los integrantes de su futuro gabinete, dijo: “Me pareció que queda claro que la presidenta no quiere colaborar […] da la sensación de que va a seguir abonando a ver cuántos problemas nuevos le puede crear al nuevo gobierno”. Agregó: “En vez de salir por la puerta grande, sale por la puerta chica”.

La sesión de esta noche en el Senado deberá ser ágil, porque Fernández debería firmar el proyecto antes del momento exacto en el que termine su mandato. Si la Justicia dictamina que el gobierno de Macri comienza esta medianoche, él puede disponer dónde será la asunción; si determina que es en el momento del cambio de banda y de bastón, será Fernández la que tenga la voz de mando.

La foto

“Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea”, dice el artículo 93 de la Constitución argentina. Con base en este documento el gobierno sostiene que es en el Congreso donde Macri debe jurar y recibir la banda presidencial y el bastón de mando, y ya cursó invitaciones con este destino a militantes y dirigentes kirchneristas, que estarán en las barras.

Sin embargo, desde el macrismo se argumenta que hay dos eventos distintos: la jura del presidente electo y el traspaso de la banda y el bastón; el primero se debe realizar en el Congreso, pero el segundo puede hacerse en otro lugar. Según el macrismo, un reglamento de protocolo y ceremonial para las ceremonias de traspaso establece que debe hacerse en la Casa Rosada.

Las asunciones presidenciales en Argentina han sido en el Salón Blanco de la Casa Rosada hasta 2003, cuando con la asunción de Kirchner comenzaron a llevarse a cabo en el Congreso. Fernández pretende que se siga por este camino, y argumenta que así lo establece la Constitución.

La polémica ha tenido varios episodios en los últimos días, entre ellos una nota publicada por Fernández el domingo en su página web, en la que denuncia que Macri le gritó y la maltrató: “A tal punto que en un momento tuve que recordarle que más allá de nuestras investiduras, él era un hombre y yo una mujer, y que no corresponde que me trate de esa forma”. Según Fernández, Macri le dijo que se trataba de “su ceremonia” y que por eso tenía que ser donde él deseara, en la Casa Rosada. “Bueno, ahí pensé: hasta acá llegó mi amor”, dice Fernández en su nota, antes de decir que le recordó a Macri que no es su “acompañante”, que mañana “no es su fiesta de cumpleaños sino el día que asume como presidente de todos los argentinos” y que no piensa “seguir tolerando en silencio, como hasta ahora, el maltrato personal y público” que le ha infligido desde que fue electo.

Fernández dijo que se preguntó “¿Qué es lo que está pasando con algo tan simple como una transmisión de mando?” y que se respondió cuando vio la tapa de Clarín del día siguiente, cuyo título principal era: “Macri le dijo a Cristina que el traspaso será en la Rosada”. La presidenta dijo que entonces comprendió que la llamada fue “simplemente una operación mediática” para que la sociedad leyera: “Macri le ordenó a Cristina que tenía que entregarle la banda y el bastón en la Casa Rosada”. Michetti dijo que la presidenta “falta a la verdad”, porque “Mauricio Macri no es un hombre que le falte el respeto a nadie”, y que le “da pena” tener que responderle.

Ayer, en una reunión entre representantes del gobierno saliente y el entrante, los primeros propusieron que Fernández presencie la jura de su sucesor en el Congreso ante la Asamblea y deje allí los atributos presidenciales, a fin de que sean trasladados a la Casa Rosada, donde Macri podría recibirlos en el Salón Blanco, pero sin la mandataria.