China aprobó su primera ley antiterrorista, a pesar del rechazo que generó en las etapas previas el contenido de los borradores. Según la agencia oficial Xinhua, esta ley permitirá “abordar el terrorismo en el país y ayudar a mantener la seguridad en el mundo”. En sus puntos más polémicos, la ley exige a las empresas que manejan datos entregar información considerada “sensible” por el gobierno chino e instalar “puertas traseras” en sus sistemas de seguridad para permitir el acceso del gobierno. “China simplemente está haciendo lo que otras naciones ya hacen: pedir a las empresas tecnológicas ayuda para combatir el terrorismo”, dijo a la prensa el legislador Li Shouwei, según informó la agencia de noticias Reuters.
Además, la nueva ley prohíbe a las “instituciones o individuos” la generación o divulgación de “información sobre incidentes terroristas” o “dar detalles que puedan incitar a la imitación”. Esta última norma determina quién, cómo y en qué contexto puede informar sobre ataques terroristas o políticas gubernamentales relacionadas con ellos. En realidad, sólo los medios estatales que estén autorizados podrán difundir este tipo de información.
Tras la sanción de la ley, los legisladores argumentaron ante medios locales que el objetivo de este punto es evitar que la información relacionada con el terrorismo pueda circular en las redes sociales, debido a que muchos ataques se planean actualmente en espacios virtuales. Sin embargo, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran que esta medida es una forma de censura. La ley aprobada ayer incluye también una cláusula para permitir el envío de tropas chinas al extranjero para participar en misiones antiterroristas.
Con esta ley, China pretende frenar posibles atentados en diversos frentes, según dijeron fuentes oficiales a Reuters. Por un lado, intenta atajar la inminente amenaza del grupo jihadista Estado Islámico, que este año secuestró y asesinó a Fan Jinghui, su primer rehén chino, y mató a tres directivos de una empresa china de ferrocarriles durante el atentado en un hotel de Bamako, en Malí. Por el otro, en el plano interno, quiere terminar con la violencia entre grupos originarios de la región de Xinjiang, al noroeste del país. En esta zona, los enfrentamientos entre la etnia han -la mayoritaria en China, practicante de las religiones tradicionales del país como el budismo, el taoísmo y el confucionismo- y la separatista uigur -de religión musulmana- ya dejaron centenares de muertos en los últimos años, y el gobierno está preocupado por una eventual escalada del conflicto.
Puertas adentro
En la misma sesión se aprobó también la primera ley china contra la violencia doméstica y se ratificó la política del “segundo hijo”, que había sido anunciada en octubre. En el caso de la primera, el último borrador sólo incluía el maltrato físico y dejaba afuera el abuso psicológico. El texto sancionado ayer, finalmente, define la violencia doméstica como “daño físico, psicológico o de otro tipo” y contempla desde los golpes hasta las amenazas y los insultos.
La norma prevé que las víctimas puedan pedir una “orden de protección personal” que deberá ser concedida o denegada por un juez en un máximo de 72 horas. Si se concede la restricción y los abusadores no la respetan, éstos tendrán que pagar multas o cumplir penas en la cárcel, según la gravedad del caso. Esta ley se debatió durante años en un país donde un tercio de las mujeres sufre violencia física, psicológica o sexual, según datos de la Academia China de Ciencias Sociales, y que hasta ayer sólo estaban amparadas en leyes como la de matrimonio, la de protección de los menores y la de protección de los derechos e intereses de las mujeres.
Por otra parte, y dos meses después de su anuncio oficial, se ratificó la política del “segundo hijo”, que pone fin al sistema de control de la natalidad del “hijo único” que durante tres décadas reguló la planificación familiar de los chinos. A partir del 1º de enero, las parejas chinas que deseen tener un segundo hijo podrán hacerlo sin tener que pagar una multa.