La alarma se disparó tras los atentados en París del 13 de noviembre, en los que 130 personas murieron cuando miembros del grupo jihadista Estado Islámico dispararon sus armas y detonaron sus explosivos. Esa misma noche, el gobierno del presidente François Hollande decretó el estado de excepción, que permite hacer registros y detenciones domiciliarias sin orden judicial y que regirá hasta fines de febrero. Tres días después, el mandatario anunció que presentaría un proyecto de ley para que el estado de emergencia sea incluido en la Constitución. Ese texto fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros y deberá ser sancionado a partir de febrero por la Cámara de Diputados y la de Senadores, con una mayoría de tres quintos.

El texto, además de abogar por la inclusión en la Constitución francesa del estado de emergencia -para proporcionarle mayor fundamento jurídico y evitar que se pueda decretar de forma arbitraria-, plantea la posibilidad de quitarles la nacionalidad francesa a las personas que sean condenadas por delitos de terrorismo y que posean doble pasaporte.

Este último punto, propuesto por la derecha francesa, fue el más polémico, porque si bien la legislación actual contempla esa posibilidad para los extranjeros naturalizados, el decreto la extendería a los acusados de “crimen contra la nación y terrorismo” que posean la doble nacionalidad y hayan nacido en Francia. El fundador del Partido de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, lamentó que el gobierno haya aprobado el proyecto sin excluir esta medida, que cuenta con el apoyo del ultraderechista Jean-Marie Le Pen y el ex presidente de derecha Nicolas Sarkozy.

Luego de la sesión del Consejo de Ministros, el primer ministro francés, Manuel Valls, dijo que la “amenaza terrorista” nunca fue “tan alta” y anunció que de los 1.000 franceses que viajaron a Siria o a Irak para combatir en filas jihadistas, 600 siguen allí, 148 murieron y 250 volvieron al país. En total, unas 10.500 personas están fichadas en Francia por sus supuestos vínculos con el islamismo radical, según las declaraciones del primer ministro. Desde que comenzó a regir el estado de excepción, hace ya más de un mes, las fuerzas de seguridad francesas llevaron adelante más de 2.900 registros, incautaron 443 armas -40 de ellas de guerra- y condenaron a más de 300 personas a arresto domiciliario por vinculaciones con algún hecho terrorista.