Después de las elecciones del año pasado, Barbosa era el nombre que había pedido el Partido de los Trabajadores (PT) para el Ministerio de Hacienda. Este dirigente ocupó varios cargos en los tres primeros gobiernos del PT y llegó a ser el número dos de Guido Mantega, que fue titular de Hacienda entre 2006 y 2015. Sin embargo, la presidenta Dilma Rousseff finalmente se inclinó por Levy para buscar el apoyo de los mercados, que lo respaldaban.

Durante su período al frente de la cartera, Levy fue muy resistido por la izquierda, en especial por el PT y la Central Única de Trabajadores, sobre todo por su iniciativa de ajuste fiscal, que limitaba algunos derechos adquiridos por los trabajadores durante los primeros gobiernos del PT. Estas agrupaciones acusaban a Levy de querer hacer que los asalariados y los más pobres sufrieran la mayor parte de las consecuencias de la crisis económica que atraviesa Brasil.

Estas diferencias llegaron a poner en peligro la aprobación del ajuste fiscal que, según Levy, era fundamental para que el país retomara la senda del crecimiento económico. Los últimos cruces entre Levy y Barbosa surgieron por la meta fiscal que se incluiría en el presupuesto y por qué programas serían recortados para disminuir el gasto público. Finalmente se impuso la postura de Barbosa: la semana pasada Rousseff envió una corrección al proyecto de presupuesto para aumentar el déficit previsto para 2016 y reducir los recortes previstos inicialmente.

Reduciendo el superávit primario de 0,7% a 0,5% del Producto Interno Bruto se evitó un recorte de millones de reales que iba a implicar, entre otras cosas, reducir el presupuesto de Bolsa Familia, uno de los programas sociales más importantes de Brasil. Con estas modificaciones, el viernes se aprobó el presupuesto para 2016 en el Congreso. Pocos días antes, la agencia calificadora de riesgo Fitch le quitó a la economía brasileña el grado inversor.

El ministro de Presidencia, Jaques Wagner, advirtió que la salida de Levy del gobierno no implica el fin de la política de ajuste fiscal ni que se retiren algunos proyectos de ley que están pendientes de votación en el Congreso, por ejemplo, el que restablece el impuesto llamado Contribución sobre los Movimientos Financieros. En la misma línea, el ministro de Desarrollo, Armando Monteiro, dijo que “la política económica no cambia” pese al cambio de ministros.

El propio Barbosa también se pronunció en este sentido y, en su primera entrevista como ministro de Hacienda, realizada por el diario O Estado de São Paulo, dijo que va a “perfeccionar la política económica” ya establecida en el primer año de gobierno de Rousseff para promover “un regreso más rápido al crecimiento de la economía”. Agregó: “Pueden quedarse tranquilos que, con el tiempo necesario, vamos a resolver todos los problemas”, y consideró que el mayor desafío de la política brasileña es fiscal. “Si conseguimos controlar el crecimiento del gasto público vamos a tener resultados primarios y reducir la deuda pública. Eso va a ayudar a recuperar el crecimiento, por un lado, y a controlar la inflación, por el otro”, detalló. Además, Barbosa señaló que es urgente para Brasil hacer una reforma del sistema de jubilaciones y no descartó impulsar un proyecto de ley para aumentar la edad de jubilación, de forma progresiva, de 60 a 65 años.