El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), y el líder del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, firmaron ayer un pacto contra el terrorismo jihadista que será presentado hoy al Congreso. Éste es el primer acuerdo que firman Rajoy y Sánchez y el cuarto que acuerdan el PP y el PSOE desde el regreso a la democracia, con la particularidad de que los anteriores tuvieron entre sus objetivos la lucha contra ETA, que esta vez estuvo prácticamente ausente del debate.

Los detalles del pacto se darán a conocer hoy, pero la línea general es la de un proyecto anterior, que había presentado el PP, y mantiene la propuesta oficialista de penar con cadena perpetua “los delitos de terrorismo [...] si se causara la muerte de una persona”. Este punto era rechazado por el PSOE, que consiguió que se borraran las palabras “prisión permanente” del proyecto y se incluyeran las de “prisión por el tiempo máximo previsto” en el Código Penal.

El PP impulsa en solitario una reforma de este código, que hace dos semanas fue aprobada en Diputados y pasó al Senado. El proyecto establece la pena de “prisión permanente revisable”, una cadena perpetua que puede ser revisada a los 25 o 35 años. Sin embargo, las condiciones para reducir las penas son tan duras que seguramente no haya reducciones, según denunciaron en un manifiesto 60 catedráticos de Derecho Penal en representación de 33 universidades públicas de España y también Amnistía Internacional y otras organizaciones.

Sánchez se ha comprometido a eliminar la “prisión permanente revisable” si su partido obtiene la mayoría necesaria en ambas cámaras. “Nos oponemos firmemente a la prisión permanente revisable y nos comprometemos a eliminarla cuando tengamos mayoría. Esta discrepancia no afecta a lo que es fundamental, y es la imprescindible unidad en la lucha contra el terrorismo”, aseguró Sánchez tras la firma del acuerdo.

El proyecto acordado pena a los “lobos solitarios” y a quienes financien actividades terroristas -en territorio español o en el extranjero- y a los que se desplacen con la intención de participar en conflictos armados.

Además, en el proyecto el PP y el PSOE se comprometen a “impulsar las reformas legislativas necesarias” para “reforzar el marco jurídico” de forma tal que los distintos integrantes del sistema judicial “sean más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo”.

Los críticos de la norma aseguran que ésta puede utilizarse para limitar la libertad de expresión porque, entre otras cosas, pena a quienes compartan en las redes sociales contenidos terroristas o que inciten a cometer actos terroristas (algo que según los críticos no está bien delimitado en el texto). Además, establece que se vigilará la visita a las páginas web utilizadas por los grupos jihadistas para difundir sus actividades.

Pese a las críticas, Sánchez aseguró que el acuerdo “concede más eficacia a la lucha contra el terrorismo sin limitar la libertad de los españoles”. Por su parte, Rajoy dijo que así se da un “mensaje nítido” a los jihadistas y se brinda a España las “mejores herramientas jurídicas y operativas” para defender las libertades de la “mayor amenaza de nuestros días”. Ambos hablaron en una conferencia de prensa conjunta que se realizó en la sede de gobierno y llamaron a los otros bloques parlamentarios a respaldar la iniciativa, que será debatida en la sesión del martes 10.

Sin embargo, varios sectores políticos opositores manifestaron su rechazo a la iniciativa. La portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, acusó al PP y al PSOE de “oscurantismo bipartidista” y dijo que consumaron un “chanchullo”. El grupo parlamentario Izquierda Plural lamentó que la propuesta fuera “precocinada” entre los partidos tradicionales, y el Partido Nacionalista Vasco se opuso totalmente a brindar su respaldo por el silencio que ha mantenido Rajoy ante los llamados del lehendakari Iñigo Urkullu a abordar “el fin ordenado de ETA que reclama la sociedad vasca”.