“Pido que discutan la tesis constitucional de solicitar la renuncia de Maduro, porque esa vía es todo lo contrario a un golpe militarista”, dice la carta de Ledezma. Aunque el dirigente opositor no aclara cómo se recorrería ese camino, parece hacer referencia a los referéndums revocatorios previstos en la Constitución venezolana para que la ciudadanía defina si el presidente continúa o no en su cargo. Este tipo de referéndum ya se convocó en 2004, cuando el presidente era Hugo Chávez, y fue ratificado en el cargo por 59,1% de los votos. Sin embargo, para hacer esta convocatoria debe haber transcurrido la mitad del mandato presidencial, cosa que en el caso de Maduro sucederá en 2016.

En la carta, Ledezma también pide a la MUD que se mantenga unida y que se respalde a las autoridades de la formación. “No es momento de rencores y odios”, señala. Llama además a que se siga “luchando en la calle, cívicamente, con la Constitución en la mano y con la razón por delante”, e insta a la MUD a prepararse para las elecciones parlamentarias de fines de este año.

Si bien una de las primeras reacciones de la MUD a la detención de Ledezma fue la convocatoria a una manifestación, ahora los distintos sectores de la oposición se han volcado a los caminos más propiamente políticos. Pese a este cambio, ayer hubo una nueva manifestación en Táchira que devino en enfrentamientos entre estudiantes y policías, en el marco de los cuales murió, por un impacto de bala en la cabeza, un joven de 14 años. La Fiscalía informó que tres fiscales investigarán esta muerte, que ocurrió en circunstancias todavía desconocidas.

Con respuestas

El partido opositor socialcristiano venezolano Copei se plegó al reclamo del resto de la oposición y firmó el “Acuerdo nacional para la transición”, el texto que el jueves publicaron en el diario El Nacional los dirigentes María Corina Machado, Leopoldo López y el propio Ledezma, y que según el gobierno era una “señal” para que algunos militares lanzaran ataques en distintos puntos del país. Machado indicó ayer que el documento sería firmado por otros partidos políticos.

Ese texto afirma que el gobierno “tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario” y que su “derrumbe” es “ineludible”. Por lo tanto pide que “la transición, es decir, el paso del sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza” sea “de la mano de la mayoría de los venezolanos”. No especifica por qué camino se va a llegar a una transición, algo que constitucionalmente está previsto para 2019, cuando termina el mandato de Maduro; sin embargo, proponen un “Acuerdo nacional para la transición” en el que se reflejen las visiones “de todos los sectores” venezolanos para “comenzar la reconstrucción del país”.

Como parte de ese acuerdo se proponen tres agendas: una político-institucional, “dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho”, otra para “atender la emergencia social” y una última “económica, enfocada en estabilizar la economía” y en “generar confianza en el país”.

Dirigentes oficialistas e integrantes del gobierno han señalado que este documento tiene intenciones golpistas, ya que se refiere a terminar con el gobierno de Maduro. “Al fin se sinceran y confiesan sus verdaderos planes e intenciones”, señaló el vicepresidente, Jorge Arreaza.

Otra medida que ha tomado la oposición es hacerse eco de los pronunciamientos de organismos internacionales, o incluso solicitarlos directamente. Éste es el camino que ha seguido el coordinador nacional de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, que vive en Estados Unidos, prófugo de la Justicia venezolana, que emitió una orden de captura en su contra por presuntos vínculos con los hechos violentos relacionados con las marchas opositoras de febrero de 2014. Vecchio entregó un documento a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el cual pide que se realice una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo para tratar la situación de Venezuela, que, asegura, incumplió la Carta Democrática Interamericana.

En este sentido, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA manifestaron su preocupación sobre la situación venezolana. Por su parte, los países de la región han sido cautelosos al referirse al tema, y la Unión de las Naciones Suramericanas está evaluando realizar una reunión de todos los cancilleres. Mientras tanto, el Congreso de Costa Rica instó al gobierno a condenar “la existencia de presos políticos” en Venezuela y a estudiar la posibilidad de brindar asilo a Ledezma y a López.