El ministro del Interior, Mohammed ben Nayef, está determinado a luchar contra el terrorismo, que está en las puertas del reino. Arabia Saudita es vecino de Irak, donde avanzan las tropas de EI. Para protegerse de esa amenaza dispuso la construcción de un muro de 900 kilómetros en esa frontera.
En un comunicado emitido el fin de semana, Ben Nayef informó de las nuevas medidas que tomó el gobierno. De acuerdo con la corresponsal del diario Le Figaro y Radio Francia Internacional Clarence Rodriguez, el documento informa a las empresas extranjeras que la ley antiterrorista, promulgada hace un año, fue reforzada.
Cuando esa norma fue anunciada, Amnistía Internacional ya la había cuestionado. “Las autoridades sauditas intentan legislar para asentar su capacidad de apremiar a la oposición no violenta y reducir al silencio a los defensores de los derechos humanos”, alertó el año pasado Said Boumedouha, el director adjunto del programa para Medio Oriente y África de esa organización. Entonces la organización criticó que la ley era poco clara a la hora de definir los delitos, algo que permitía que fuera aplicada de manera arbitraria.
La ley prevé sanciones para cualquier acto que directa o indirectamente afecte “el orden público del Estado”, “la seguridad de la sociedad”, la “unidad nacional”, “la ley fundamental de gobierno o uno de sus artículos”, o “la reputación del Estado”.
Esta norma ya preveía que las personas sospechosas de terrorismo pueden quedar detenidas durante 90 días, sin acceso a un abogado ni a más contacto con el exterior que una llamada telefónica a su familia. Además, las personas pueden permanecer detenidas durante seis meses -y hasta un año- sin estar imputadas y sin posibilidad de presentar un recurso para ser liberadas. El Tribunal Penal Especial también tiene la potestad de resolver en secreto y de dictar detenciones por un tiempo indefinido, denunció Amnistía Internacional el año pasado.
Las novedades que anunció el ministro ahora se aplican más que nada a las redes sociales, muy utilizadas en el país. En Arabia Saudita el uso de internet crece de forma exponencial, y según un estudio de Peer Reach, una empresa que se dedica a estudiar el uso de Twitter, es el país del mundo con la tasa más alta de uso de esa red social en relación a la población. El propio rey Salman, que acaba de asumir en el trono, es un activo usuario de Twitter, red en la que tiene dos millones de seguidores. Pero el reino anunció un aumento de la censura en las redes; en particular prohibió difundir el video de EI en el que se ve al rehén jordano que fue quemado vivo, y todos los videos de ejecuciones en general. Quien lo haga se arriesga a una pena de ocho años de cárcel.
Pero esto también afecta a la publicación de opiniones, según la corresponsal de los dos medios franceses, porque están prohibidas aquellas que vayan en contra de los “valores del reino”. De acuerdo con la periodista, las redes sociales, al igual que los celulares, están a partir de ahora bajo estrecha vigilancia. No respetar las reglas implica para los sauditas exponerse a ser condenados a tres años de cárcel y a ser apedreados, mientras que los extranjeros pueden ser expulsados del país. Las penas de cárcel van de tres a 30 años y las multas, de 2.000 a 600.000 euros.
En un comunicado de prensa emitido hace unos días, relativo al caso de un bloguero condenado a ser apedreado una vez por semana por haber insultado al islam, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, afirmó que “lamentablemente [los gobernantes sauditas] están protegidos por numerosos países occidentales, porque tienen petróleo y porque se los ve como aliados en la lucha contra el terrorismo”. Sin embargo, agregó que “cuando se violan los derechos humanos como lo hace Arabia Saudita, se alimenta al terrorismo, no se lo combate”.