Fernández, Timerman, el diputado kirchnerista y líder de La Cámpora Andrés el Cuervo Larroque, el dirigente social Luis D’Elia, el dirigente islámico y responsable de una mezquita Jorge Yussuf Khalil, el líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, el ex fiscal Héctor Luis Yrimia y un supuesto espía identificado como Héctor Bogado. Ésas son las personas a las que Nisman acusó de estar involucradas en un presunto intento de encubrir la responsabilidad de ex jerarcas iraníes en el atentado a la sede de la AMIA, que en 1985 causó la muerte de 85 personas. El fiscal Pollicita imputó a todas estas personas, pero no pidió que se abriera una indagatoria, que era lo que había pedido Nisman, y que implica una etapa más avanzada en el proceso.

La imputación es una instancia previa que no necesariamente lleva a la indagatoria. Según explicó el abogado penalista Sergio Doutres al diario Perfil, la imputación implica investigar el caso para determinar si hay o no elementos para iniciar una indagatoria. Doutres dijo que “ante posible delito [el fiscal] tiene que sí o sí iniciar la investigación” y especificar a los imputados. Pero el fiscal tenía otra opción: desestimar la denuncia. En virtud de lo que surja de esa investigación “se determinará si hay elementos sólidos para solicitar una indagatoria”.

Ésta es la segunda ocasión en la que Fernández es imputada. Lo está desde 2012 por supuestas irregularidades en las restricciones a la compra de dólares y en el uso de las reservas del Banco Central para financiar al gobierno y pagar deuda externa.

Además de las imputaciones Pollicita presentó un listado de 50 medidas de prueba. El diario Clarín informó que entre ellas se solicitan varios allanamientos, declaraciones testimoniales, entrecruzamiento de llamados y un análisis de los teléfonos de los involucrados para determinar dónde estaban al momento de hablar.

Ahora el juez Daniel Rafecas deberá decidir si continúa o no con estas medidas solicitadas por Pollicita. Rafecas decidió anticipar el regreso de sus vacaciones, previsto para el 22 de febrero, para este miércoles, el primer día hábil de esta semana. Se espera que antes del fin de semana tome una decisión sobre si ordenar o no las medidas solicitadas por Pollicita.

El secretario de presidencia, Aníbal Fernández, y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, se refirieron a la decisión del fiscal. Fernández consideró que se trata de una “clara maniobra de deses- tabilización sin valor jurídico alguno”, mientras que Capitanich aseguró que se está intentando llevar adelante un “golpe judicial”.

Según el gobierno, parte de esta supuesta tentativa es la marcha silenciosa que convoca la Asociación de Fiscales para este miércoles, cuando se cumple un mes de la muerte de Nisman.

La marcha fue convocada bajo la consigna de reclamar justicia por la muerte de Nisman y exigir que el gobierno no interfiera en la investigación judicial, un pedido al cual el jueves se sumó la ex esposa del fiscal fallecido, la jueza Sandra Arroyo Salgado, en una comparecencia ante el Parlamento.

A la movilización asistirán, entre otros, líderes de la oposición, sindicatos enfrentados con el gobierno y organizaciones patronales como la Sociedad Rural. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que esta marcha “está incentivada por medios opositores” y “no es por recogimiento por la muerte de un fiscal, sino que tiene claramente otros propósitos”.