La presidenta chilena, Michelle Bachelet, envió el sábado al Parlamento un proyecto de ley que permite el aborto en caso de peligro de vida para la madre, de inviabilidad del feto y de embarazo resultado de una violación (ver la diaria del 29/01/2015). En este último caso, está prevista la posibilidad de abortar hasta la semana 12 de embarazo, aunque si la embarazada es menor de 14 años, el límite se amplía a 18 semanas, porque se considera que “las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado”, según explicó Bachelet.

Ante este anuncio, Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad Católica de Chile, reiteró que en los centros de esa institución no se practicarán abortos. Esa universidad dispone de la “red de atención médica privada más importante del país”, según su propia página web, la Red UC Christus (conocida como Red UC). “Si hay profesionales de la Red UC que están disponibles para hacer abortos, deberán ir a trabajar a otro lugar”, dijo en una entrevista con el diario La Tercera.

Le respondieron, entre otros, el líder del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. “La ley contiene una reglamentación, un ordenamiento respecto a las objeciones de conciencia; es raro que la objeción de conciencia provenga de una clínica, una estructura. Yo siempre he entendido que las objeciones de conciencia dependen de las personas”, dijo Andrade, que además aclaró que esa red de atención médica deberá respetar la ley.

En el mismo sentido, el diputado Gabriel Silber, de la Democracia Cristiana (DC), otro partido que integra la coalición de gobierno, dijo que las declaraciones de Sánchez permiten advertir “una suerte de trampa legislativa” que al parecer quiere hacer la Universidad Católica “respecto a sus médicos tratantes”, y que por lo tanto tendrán que “legislar para evitar este tipo de triquiñuelas corporativas”. Agregó: “Creo que aquí hay un flanco o ventana legislativa que tenemos que cerrar para que sean los médicos los que en conciencia decidan, y no sus empleadores”.

Por su parte, el diputado independiente Gabriel Boric, que proviene del movimiento estudiantil, se refirió a las subversiones estatales que recibe la Universidad Católica y dijo que Sánchez “tiene todo el derecho a estar contra el aborto, pero que no pida recursos públicos” para la Universidad Católica “si no está dispuesto a cumplir la ley”.

Ante las respuestas que recibió, Sánchez dijo a CNN Chile y a la radio ADN: “La objeción es personal, no es de la institución. El diputado Andrade puede estar tranquilo, es personal, la objeción personal es libre y voluntariamente aceptada por los médicos que trabajan en nuestra institución”.

El proyecto de ley genera resistencia también en los partidos de derecha Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, que ya anunciaron que votarán en contra en el Parlamento. Pero también surgieron resquemores en la DC, el socio más a la derecha en la coalición de gobierno de Bachelet. Su líder, Ignacio Walker, dijo que en este caso “no caben órdenes de partido” y cada legislador votará según su conciencia. El socialista Andrade le respondió que votar a conciencia “significa cumplir los compromisos” con el programa de gobierno.