Ordóñez se reunió días atrás con fiscales de la CPI, a quienes les entregó una serie de documentos con información sobre la desaparición de 2.760 personas en los últimos 50 años, según su denuncia, a manos de las FARC. El procurador subrayó que el delito de desaparición forzada es de lesa humanidad y que, por lo tanto, no puede quedar impune aunque se firme un acuerdo de paz y se negocie una amnistía para los delitos políticos cometidos por los guerrilleros. Dijo a medios colombianos que, en caso de que en el país se opte por no juzgar a los guerrilleros eventualmente desmovilizados por causas de este tipo, “corresponderá a la CPI activar su competencia para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, la sanción efectiva y la no repetición”.
La presentación de Ordóñez generó polémica. Algunos representantes de agrupaciones de víctimas de las FARC aplaudieron su gesto a la vez que reclamaban justicia. Sin embargo, integrantes de otros grupos consideraron que Ordóñez se limitó a llevar información sobre desapariciones que supone que fueron delitos de las FARC pero no incluyó las que fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado o de los grupos paramilitares.
La abogada defensora de derechos humanos Liliana Uribe dijo al diario El Colombiano que lo que hizo el procurador “es decirle a la CPI que le ponga ojo solamente a un crimen y a un solo tipo de autor, pero el procurador tendría que velar por la defensa de los derechos integrales, no de un solo tipo de víctimas”.
La presentación de Ordóñez también tuvo repercusiones en La Habana, donde el gobierno y las FARC participan en una nueva ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Uno de los negociadores de la guerrilla, Luis Alberto Albán, alias Marco León Calarcá, leyó un comunicado antes de comenzar la serie de conversaciones del domingo. El texto asegura que de forma malintencionada el procurador “fabrica expedientes contra el movimiento popular” (en referencia a las FARC) para crear “una mampara de distracciones para proteger a los verdaderos responsables de la guerra que sufre Colombia”.
El comunicado indica que Ordóñez y “otros funcionarios” se han dedicado a “desarrollar una estrategia” en el marco de la cual no se vuelcan a buscar pruebas sino a “construir pruebas falsas” con el fin de poner a las FARC “en el banquillo de los acusados como autoras de crímenes de guerra y de lesa humanidad”. Las FARC dicen que el procurador “oficiosamente se impuso el papel” de distorsionar y desfigurar hechos, orquestar calumnias, y aseguraron que no es real la denuncia que realizó.
Calarcá dijo también que Ordóñez tiene “intereses mezquinos, siembra odios y atiza la guerra”, y que está convencido de que ésta no será la última denuncia que el procurador presente ante tribunales internacionales.