El gobierno de Venezuela denuncia que enfrenta amenazas externas y también internas. Mientras busca el apoyo de la región ante las tensiones que mantiene con Estados Unidos, afirma que empresarios venezolanos intentan desestabilizarlo mediante maniobras económicas. En los últimos días se repitieron los operativos contra comercios acusados de acaparar productos para provocar escasez o de promover el malestar social.

Para la oposición venezolana, la altísima inflación y la escasez de productos de consumo cotidiano -en particular, alimentos y artículos de higiene personal- son consecuencias de las políticas del gobierno. Sectores empresariales han argumentado, también, que la escasez se debe a políticas que afectan la producción local y al modo en que se asignan divisas para la importación de productos y materias primas.

La visión del oficialismo es muy distinta. El gobierno de Nicolás Maduro afirma que enfrenta una guerra económica que tiene como último objetivo su derrocamiento. Según el Ejecutivo, esta guerra se emprende con prácticas comerciales como la de acaparar productos, especular con su precio y generar desabastecimiento. Considera que estas prácticas no sólo inciden en la inflación, sino que además tienen el objetivo de irritar a la población y extender la percepción de que existe una crisis atribuible al gobierno.

Por eso en los últimos días las autoridades actuaron contra varias empresas privadas. Participaron en estos operativos la Fiscalía y distintos organismos que tienen el cometido de vigilar los precios y la vigencia de los derechos de los consumidores, pero también se ocupó el titular de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

El sábado fueron detenidos Pedro Angarita y Agustín Álvarez, dos directivos de la cadena de farmacias Farmatodo, que ayer fueron imputados por los delitos de boicot y desestabilización de la economía, establecidos en la Ley Orgánica de Precios Justos. La acusación se debe a sospechas de que generaron colas de clientes a propósito.

Según informó la Fiscalía, en una inspección de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos se detectó el sábado que en una de las 176 sucursales de Farmatodo los clientes hacían una larga cola para pagar ante las cajas que estaban operativas, mientras que otras cajas no estaban funcionando.

El gobierno acusa a la cadena de destinar poco personal a la tarea de cobrar con la intención de fomentar las colas en las puertas de sus locales. Por su parte, los responsables de esos comercios dicen que si no había personal se debe a que la Ley del Trabajo establece que debe dar dos días libres consecutivos a los trabajadores, informó la agencia de noticias Efe.

Jorge Roig, el presidente de Fedecámaras, la principal asociación empresarial del país, proclamó en Twitter su “solidaridad” con Angarita y Álvarez, que están detenidos en la sede de los servicios de inteligencia venezolanos, el Sebin, y dijo que ahora ellos “engrosarán la lista de presos políticos de este gobierno”.

Lo ocurrido con Farmatodo no es un caso aislado. Esta semana el propio Maduro dispuso la “ocupación temporal” de la cadena de supermercados Día a Día, que fue objeto de una inspección liderada por el presidente del parlamento, la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El presidente también ordenó que “sea regularizado el servicio al pueblo” y que “sean detenidos los directivos y dueños de esta empresa”, según citó Efe.

De acuerdo con las autoridades, en el almacén de Día a Día -que tiene más 30 sucursales- se encontraron 2.500 toneladas de productos que escasean en el mercado, y “gran cantidad de productos cárnicos, además de neumáticos e insumos médicos”. También se detectó “mercadería vencida y con sobreprecio”. Cabello se preguntó por qué allí había productos “de alta rotación”, como la harina de maíz, con fecha de producción correspondiente a agosto. Informó también que el dueño de Día a Día estaba “en un proceso de investigación, sometido a un interrogatorio por los organismos de seguridad”.

A estos casos se suma el de cuatro gerentes y una accionista de la empresa de productos cárnicos Punto Fijo, que según informó la Fiscalía fueron detenidos por delitos de acaparamiento y especulación de mercadería.

“Todo aquel que utilice sus empresas para dañar al pueblo tendrá que pagar con cárcel de acuerdo a la ley”, dijo Maduro, según citó la agencia de noticias Reuters. El presidente afirmó que hay grupos privados que emprenden una “guerra económica” para derrocar a su gobierno, y algunos actores políticos oficialistas han comparado la situación interna de Venezuela con la que enfrentó en 1973 el gobierno de Salvador Allende en Chile.

Sin fronteras

En cuanto al frente externo, el titular de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, le reafirmó a Maduro que el bloque va a rechazar de manera unánime “cualquier intento de desestabilización que se produzca en una democracia”. Los dos se reunieron en Caracas porque Maduro le pidió a Samper que medie en busca de un canal de diálogo entre Venezuela y Estados Unidos. Al terminar su reunión, Samper dijo en conferencia de prensa que Maduro lo puso al tanto de las circunstancias “externas e internas” que enfrenta Venezuela, que le va a trasmitir al consejo de cancilleres del bloque. “Son ellos los llamados a tomar acciones”, agregó.

La semana que viene está convocada una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) “con el acompañamiento” de la Secretaría de la Unasur, y quizá con la presidencia pro témpore de la Unasur, “para recibir todas estas informaciones”, dijo Samper. Maduro les pidió tanto a la Unasur como a la Celac que establezcan un “escudo protector” en torno a su país para “evitar agresiones”.

Washington y Caracas no intercambian embajadores desde 2010, y el Congreso estadounidense dispuso y reforzó sanciones contra funcionarios venezolanos a los que acusa de estar vinculados con supuestas violaciones a los derechos humanos de opositores. Estas sanciones fueron rechazadas por la Unasur y por la Celac.

Defensa propia

El nombre de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, figura en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos, según afirma ella misma. Si bien no se dio a conocer quiénes son esos funcionarios, Ortega aparecía en otra lista de nombres propuestos en mayo por el senador republicano Marco Rubio, uno de los promotores de las sanciones.

Ayer la fiscal general anunció, en su propio programa de radio, que va a designar a un abogado para que la defienda. “No voy a ir a Estados Unidos, no voy a requerir visa, ni tengo bienes en Estados Unidos. El tema es las causas por las cuales se me está sancionando, supuestamente por violación de los derechos humanos”, dijo. En su opinión, el objetivo de Wa- shington es “influir en la política interna venezolana”, una “posición injerencista”. Agregó que si bien ella no tiene “militancia política”, por el cargo que ocupa debe “ser un objetivo”.