Varias comunidades de la Amazonia peruana mantienen paralizada parte de la industria petrolera e iniciaron una huelga en reclamo de compensaciones económicas por la exploración y extracción de crudo. La empresa afectada es PlusPetrol, de capitales argentinos, presente allí desde 2001 y cuya concesión para explotar 14 de los pozos que hay en la zona vence en agosto. El gobierno de Ollanta Humala busca una salida al conflicto y por eso convocó a una reunión para hoy en la que participarán delegados presidenciales, de la empresas y de los indígenas.

La comunidad achuar fue la primera en movilizarse al empezar febrero, y ocupó las instalaciones de la base Jibarito de la empresa, en la localidad de Loreto, frenando así la producción de PlusPetrol.

El área ocupada por los achuar se ubica en las fronteras entre Ecuador y Perú. Estos indígenas son señalados como quienes frustraron varias veces los avances colonizadores de España, hasta que en 1704 expulsaron definitivamente a los jesuitas de sus territorios. Estos religiosos obtuvieron en 1767 un nuevo permiso para llevar adelante la evangelización, pero una vez más fracasaron y desistieron.

Por esta característica, según lo describe el gobierno peruano en su Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, la comunidad achuar se ha mantenido aislada de la sociedad, incluso más que otras o que bien sucumbieron a la conquista o bien se fueron adaptando progresivamente a los nuevos tiempos.

Ellos resistieron la era de extracción del caucho y las primeras exploraciones petroleras que Ecuador y Perú iniciaron en 1920 y que retomarían a fines de la década del 60. Desde entoces esta actividad va creciendo en forma paulatina, y con ella su impacto: ríos y lagos contaminados y tierras con restos de crudo son parte de los fenómenos que afectan a esa comunidad.

Los achuar son una población de poco más de 10.000 personas, según el censo de 2007. Unos 400 de ellos llevaron adelante la toma del Lote 1AB, zona en la que rige la concesión a PlusPetrol. Los hombres armaron campamentos fuera de las instalaciones y las mujeres y los niños se establecieron en el interior. Allí permanecen a la espera de que se resuelva la situación.

El 29 de agosto caduca el contrato que PlusPetrol tiene en la zona y el gobierno deberá llamar a licitación para adjudicar los derechos de extracción nuevamente, pero antes, según las normas vigentes, debería realizar una consulta ambiental con participación de las comunidades involucradas. Además del cumplimiento de esta instancia, los achuar reclaman participar en la negociación por las compensaciones económicas que la empresa debe realizar, y exigen que no lo siga haciendo de manera unilateral y de acuerdo con criterios que responden al tipo de vínculo que han establecido con otras comunidades más afines al desarrollo.

Así y todo, los achuar aseguran que no buscan poner fin a la industria petrolera, sino que se haga de manera amigable con el ambiente y poder aportar mano de obra. Argumentan que se apoyan en Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros acuerdos y tratados internacionales, para reclamar el derecho a la propiedad del territorio ancestral y a un resarcimiento por el uso de tierras.

El planteo recibe el apoyo de la Federación de Comunidades Nativas de Corrientes (Feconaco), e incluye el reclamo de una compensación de unos 100.000.000 soles (unos 32 millones y medio de dólares) que debería desembolsar PlusPetrol. La empresa comunicó que desde que comenzó esta medida, el 30 de enero, dejó de extraer unos 3.100 barriles de crudo diarios, casi la quinta parte de la producción del área, que alcanza una media de 15.500 barriles diarios. En todo el país, se producen por día unos 62.000 barriles.

Si te vas

“Rechazamos la estrategia de Pluspetrol que sólo busca un diálogo con las comunidades en condiciones desiguales aprovechando la frustración y las necesidades de las comunidades indígenas generadas por más de 43 años de actividad petrolera, así como la problemática que no es atendida con rapidez y urgencia por el Estado. Asimismo, denunciamos que Pluspetrol Norte SA, frente al término de la concesión del Lote 1AB en agosto de 2015, pretende abandonarlo sin asumir íntegramente sus obligaciones socioambientales frente a los más de 90 sitios contaminados identificados por el Estado”, afirmó la Feconaco días atrás en un comunicado público.

Los 90 sitios mencionados fueron incluidos a fines de 2014 en el informe 411-2014 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú. Este documento fue objeto de una medida cautelar por parte de la empresa, que solicitó a la Justicia Civil que lo dejara sin efecto por entender que ese organismo no tenía las potestades para elaborarlo.

De acuerdo con la información que publicó La Región, el diario judicial de Loreto, OEFA respondió que actuó de manera acorde a los cometidos que le asigna la Ley 30011, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que incluye la posibilidad de imponer sanciones destinadas a asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental. En su contestación la OEFA reiteró la necesidad de que la empresa cuente con los instrumentos de gestión ambiental como un “plan de abandono” de las instalaciones y operaciones del Lote 1AB y otros que “permitan dar cumplimiento a las obligaciones de remediar, rehabilitar y restaurar sitios impactados por la actividad de hidrocarburos, ante la culminación de su contrato de concesión para explotación de petróleo”.

El juez a cargo del caso finalmente decretó que se “suspenda la eficacia jurídica” del informe; “por ahora que ni el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ni ninguna otra persona o entidad del Estado, tome en cuenta para ningún efecto el informe 411, ni su contenido, hasta la decisión final a dictarse en el proceso principal”, dijo.

Si venís

A la espera de la reunión de hoy en Loreto, donde se espera el arribo del Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, Julio Rojas, para oficiar de mediador, otra comunidad, esta vez en la selva central del país, se sumó a la resistencia contra PlusPetrol. Los habitantes de Pichanaki, en la región de Junín, empezaron ayer una huelga por tiempo indeterminado para protestar contra la exploración de gas que hace la empresa en el Lote 108, informó la agencia Efe.

Desde las primeras horas del día, el paisaje de la ciudad se vio alterado: no circularon vehículos y los comercios nunca abrieron. Hubo marchas y concentraciones en distintos puntos. La reacción de PlusPetrol fue similar a la que tuvo cuando se desató el conflicto en Loreto: aseguró mediante un comunicado que sus prospecciones de gas en la zona no han causado daños al medioambiente o a las provincias de Oxapampa, Satipo y Chanchamayo, donde se encuentra Pichanaki, y que la medida de lucha le causaba “extrañeza” porque sólo produciría “graves daños a la economía de la población de toda la zona”.

Por su parte, el presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, se comprometió a que 10% del ingreso del canon petrolero sea destinado a las comunidades indígenas para mejorar el acceso a la salud, educación y agua potable, entre otras demandas.