Obama declaró una situación de “emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos” que representa Venezuela, aunque no detalló qué tipo de riesgo implica para su país. La declaración de emergencia nacional permite al presidente estadounidense aplicar sanciones contra otro país sin necesidad de un aval del Congreso, mediante acciones ejecutivas. Por esa vía, Obama sancionó a siete funcionarios venezolanos con la suspensión de sus visas y la congelación de sus bienes en territorio estadounidense, en caso de que los tengan. Estas nuevas sanciones se suman a las ya aprobadas en el Congreso en diciembre y están dirigidas a autoridades judiciales, militares y policiales.
A diferencia de ocasiones anteriores, la Casa Blanca dio a conocer las identidades de los sancionados. Seis de los siete son dirigentes militares o policiales que eran responsables de las fuerzas de seguridad durante las protestas opositoras de febrero de 2014. Estados Unidos acusa a estas personas -algunas de las cuales son investigadas en Venezuela- de ser responsables o cómplices de “actos significativos de violencia” o de “abusos o violaciones a los derechos humanos”.
Además, Washington, que elabora estos documentos en base a las denuncias de organizaciones civiles venezolanas, afirma que la Guardia Nacional Bolivariana estuvo involucrada en “graves casos de violencia física, agresión sexual y uso de armas de fuego”; que la Policía Nacional Bolivariana utilizó “fuerza física severa contra manifestantes pacíficos y periodistas en varias ciudades de Venezuela” e incluso disparó “armas con municiones letales”; y que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ha sido “asociado a la vigilancia de líderes opositores” y “ha cometido cientos de allanamientos forzosos y detenciones extrajudiciales”.
La única civil involucrada es la fiscal Katherine Haringhton, que lleva adelante las causas contra los opositores María Corina Machado (diputada destituida) y Antonio Ledezma (ex alcalde de Caracas). Según Washington, Haringhton los investiga a partir de “información implausible y en algunos casos fabricada”. En el comunicado en el que se dan a conocer las sanciones, la Casa Blanca afirma: “Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno venezolano por aumentar la intimidación de sus oponentes políticos”. Reclama la liberación de “todos los presos políticos” y lamenta que “en momentos en que nos hemos abierto a interactuar con todas las naciones en las Américas, Venezuela haya optado por ir en la dirección opuesta”.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dio una conferencia de prensa por otro asunto y al ser consultada sobre este tema anunció que “pronto” habría respuestas y que como primera medida se llamó a consultas al encargado de negocios venezolano en Estados Unidos, Maximilien Arvelaiz. Como ambos países rompieron sus relaciones diplomáticas, no tienen embajadores y los encargados de negocios son la mayor jerarquía en las sedes diplomáticas. Desde el año pasado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a Estados Unidos de respaldar a dirigentes opositores que intentan derrocar su gobierno por medio de un golpe de Estado. La administración Obama ha rechazado estas denuncias, al igual que algunos de los opositores venezolanos.
Pese a esta crisis diplomática, fuentes de la Casa Blanca dijeron a la agencia de noticias Reuters que las relaciones comerciales entre ambos países se mantendrán. Venezuela intensificó su intercambio con China, que es el primer destino de exportaciones venezolanas, lugar que antes ocupaba Estados Unidos, que sigue siendo el país que recibe más petróleo venezolano.