Ayer se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Hugo Chávez, a quien Venezuela rendirá homenaje en una serie de actos, desde ayer hasta mediados de marzo. “Cristo de los Pobres de América Latina”, “Comandante Supremo”, “Líder Eterno”, “San Hugo Chávez del 23 de Enero [barrio que es bastión del chavismo]”, son algunas de las denominaciones que se le han dado en estos días al ex presidente venezolano.

El gobierno y los medios oficialistas llamaron a celebrar en paz la “siembra” de Chávez, como le llaman a la muerte de quien presidió Venezuela desde 1999 hasta marzo de 2013. Los homenajes están previstos en todo el país y también fuera de fronteras: se anunciaron actos en Cuba, Nicaragua y El Salvador, y las embajadas venezolanas realizarán eventos en distintos países.

En Venezuela, los actos comenzaron con la instalación de una “Tribuna Antiimperialista” en la avenida Bolívar de Caracas y continuaron con el lanzamiento de un “cohetazo” en el Cuartel de la Montaña, donde están los restos del ex presidente.

Mientras tanto, Venezuela atraviesa una crisis económica y política. Desde la muerte de Chávez no han dejado de aumentar la inflación y el índice de escasez, y de bajar el Producto Interno Bruto anual. A esto se suma un marcado descenso del precio internacional del petróleo, uno de los principales productos de exportación del país, y del que proviene 90% de sus divisas. En lo político, el gobierno ha denunciado en forma reiterada que enfrenta intentos de golpe de Estado, y la oposición, que lo niega, denuncia que sus dirigentes son apresados por persecución ideológica, citando los casos de Leopoldo López y Antonio Ledezma, acusados por la Justicia de varios delitos.

Justo ayer, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó su preocupación por los líderes opositores presos y por la represión policial a manifestantes. También ayer, los eurodiputados de los partidos progresistas Izquierda Unida (de España) y Syriza (de Grecia) manifestaron su condena a los intentos de golpe de Estado y su solidaridad con las víctimas de las guarimbas. Con esta palabra se define a una especie de barricada que en las manifestaciones de febrero de 2014 se utilizó para cortar las calles en señal de protesta. En esas guarimbas murieron cerca de una decena de personas en distintas circunstancias, desde enfrentamientos entre vecinos y manifestantes hasta accidentes de tránsito.

Mientras un grupo de víctimas de las guarimbas viajaba a Bruselas para hablar ante el Parlamento Europeo, dirigentes opositores venezolanos iniciaban una gira latinoamericana para denunciar lo que consideran una persecución de parte del gobierno en su contra.

También dentro de Venezuela las opiniones están divididas. Según una encuesta de Hinterlaces (firma que en estos días situó la popularidad de Maduro en 30%), 39% de los venezolanos cree que es cierta la denuncia del gobierno de que hay un intento de golpe de Estado y de que Estados Unidos “está implicado en una conspiración para derrocar al gobierno nacional”. Otro 40% no cree en estas denuncias. Además, la encuesta informó que 62% de los venezolanos está en desacuerdo con que funcionarios de Estados Unidos opinen sobre “lo que está actualmente ocurriendo en Venezuela” y 64% rechaza las sanciones impuestas por el Congreso estadounidense y avaladas por el presidente Barack Obama.

Esto se enmarca en un fuerte enfrentamiento que sostienen ambos países. El sábado, Maduro anunció que fueron detenidos “algunos” estadounidenses sospechosos de estar involucrados en un intento de golpe de Estado, al igual que Ledezma. También anunció una reducción del número de funcionarios en las oficinas diplomáticas estadounidenses y la nueva exigencia a ciudadanos de ese país de contar con visa para ingresar a Venezuela.

La situación política ha llevado, además, a que una delegación de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (los de Colombia, Ecuador y Brasil y el titular de la Unasur, Ernesto Samper) visite hoy Venezuela, tal como se hizo para impulsar el diálogo después de las protestas de febrero de 2014.

De aquellas protestas de hace un año también hubo novedades: fueron condenados a ocho años de cárcel dos manifestantes -Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado- por haber “instigado a desobediencia de las leyes”, por asociación para delinquir y uso de artefactos incendiarios para lograr la “intimidación pública”. Uno de ellos es hijo del general Isaías Baduel, que fue ministro de Defensa de Chávez antes de convertirse en un crítico del gobierno. También el ex ministro está en la cárcel desde 2009, condenado por “sustracción de fondos públicos” de la Armada.