Más de 3.000 personas condenadas a muerte por la Justicia estadounidense esperaban en mayo su ejecución, seis veces más que las que había en los años 60. Sin embargo, la pena capital es cada vez menos aceptada como método para hacer justicia, y son cada vez menos los laboratorios farmacéuticos dispuestos a vender los ingredientes del cóctel que permite aplicar el método más utilizado, la inyección letal. Ante la escasez de estos productos, el gobernador de Utah, Gary Herbert, firmó el lunes un decreto que permite fusilar a un condenado a muerte si los productos para la inyección letal no están disponibles.

Aunque Utah tiene la inyección letal como método de ejecución por defecto, quienes fueron condenados antes de 2004, cuando esto se definió, aún pueden pedir ser fusilados. Fue el caso de Ronnie Lee Gardner, que fue ejecutado de ese modo en 2010 porque lo solicitó, y se convirtió así en el último condenado a muerte en Estados Unidos en ser fusilado. De todas maneras, según la agencia de noticias Efe, desde que la pena de muerte volvió a regir en el país, en 1976, sólo tres de los 1.404 ejecutados murieron de ese modo, dos en Utah y uno en Oklahoma.

Algunos opositores al fusilamiento argumentan que no es seguro y que va a dar una mala imagen del estado. “Los que se han opuesto a este proyecto de ley son los mismos que se oponen a la pena de muerte, y esa decisión ya está tomada en nuestro estado”, dice en un comunicado Marty Carpenter, vocera del gobernador. “Lamentamos que alguien cometa un homicidio agravado que merezca la pena de muerte, y preferimos utilizar la inyección letal con sentencias de este tipo. Sin embargo, cuando un juez firma una orden de ejecución, cumplirla es una obligación para el Poder Ejecutivo”, agregó.

La dificultad para cumplir las sentencias ha aumentado en los últimos años, desde que a fines de 2011 la Unión Europea (UE), donde hay varias firmas farmacéuticas que solían vender los principales ingredientes de la inyección letal, prohibió su exportación. Lo hizo porque “desaprueba que se aplique la pena de muerte, sean cuales sean las circunstancias, y trabaja para su abolición universal”. Un año antes, la principal empresa farmacéutica que producía esos productos en Estados Unidos, Hospira, dejó de producirlos para cuidar su imagen.

Suiza prevé tomar medidas similares a las de la UE, y en India otras compañías que producen las sustancias se comprometieron a no venderlas para evitar que sean utilizadas para ejecutar condenados, de acuerdo con la agencia de noticias AFP. Por esta situación, que generó una merma en los stocks de estos productos, es que Utah aprobó esta norma.

Cuando se dispone un fusilamiento, el prisionero es atado en una silla, colocada delante de un panel de madera y con bolsas de arena alrededor, para evitar que las balas puedan rebotar en la habitación. Se le coloca un blanco en el lugar del corazón. A unos ocho metros enfrente de él se colocan cinco fusileros que apuntan al blanco a través de agujeros en una pared. Si tienen buena puntería, el preso fallece “rápido” a consecuencia de una hemorragia. En 2010 Gardner murió en dos minutos.

Algunos estados exploran legislar en el mismo sentido, mientras que otros optaron por otras alternativas. El estado de Oklahoma, donde causó conmoción la ejecución fallida por inyección letal de Clayton Lockett, que agonizó durante largos minutos, está evaluando aprobar la muerte por asfixia, con gas nitrógeno.

Según el Observatorio de la Pena de Muerte (deathpenaltyinfo.org), una organización civil que lucha contra esa práctica y la estudia, ocho estados de los 32 que siguen condenando prisioneros a morir en Estados Unidos autorizan el uso de la silla eléctrica, cuatro autorizan las cámaras de gas, y otros tres, el ahorcamiento, aunque la mayoría mantiene la inyección como método por defecto. En abril la Corte Suprema debe volver a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la muerte por inyección, que ya validó en 2008.