A mediados de 2013, miles de brasileños se manifestaron contra el gobierno protestando, entre otras cosas, por el aumento del costo de vida y el financiamiento del Mundial de Fútbol que se disputó el año pasado. Tras varias jornadas de protestas, Rousseff respondió a esas movilizaciones con una serie de promesas que estampó en proyectos de ley, que fueron enviados al Congreso. Ninguno de los proyectos fundamentales de ese paquete -entre los cuales estaba la reforma política- fue aprobado por un Congreso que ya entonces ponía en dificultades al Ejecutivo. El costo de esas promesas incumplidas recayó en la popularidad de Rousseff y, según algunos analistas, fue uno de los factores que impidieron que la mandataria tuviera una reelección cómoda en los comicios del año pasado.
En esta ocasión la mandataria repite el procedimiento, respondiendo a las protestas contra la corrupción del domingo con un paquete de proyectos de ley que deben ser aprobados por el Congreso. Un Legislativo en el cual decenas de diputados y senadores fueron o están siendo investigados por casos de corrupción. Algunos datos son esclarecedores en este sentido: 255 políticos fueron excluidos de las pasadas elecciones por haber sido condenados por casos de corrupción -al menos la mitad de ellos buscaba la reelección-, y 27 políticos que son o fueron diputados y senadores son investigados por la causa de Petrobras. La existencia de corrupción en el Legislativo ha sido un flagelo histórico en Brasil, que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a contrarrestar con la ley Ficha Limpia, que impide que se presenten a elecciones los políticos que hayan sido condenados. Es, además, un Congreso reacio a aprobar normas contra la corrupción: la aprobación de la ley Ficha Limpia fue una excepción, ya que decenas de proyectos con un objetivo similar estuvieron más de una década guardados en un cajón.
La presidenta presentó siete iniciativas legislativas y reglamentó una ley que se aprobó hace un año en el Congreso. Esta norma, que entrará en vigor cuando sea publicada en el diario oficial, responsabiliza a las empresas por la práctica de actos contra la administración pública -entre ellas el pago de sobornos-. Rousseff la definió como “una verdadera ley de empresa limpia”.
Varios de los proyectos presentados buscan criminalizar las conductas irregulares, como la práctica partidaria de tener un fondo con donaciones irregulares, conocido como “caja dos”, o el enriquecimiento ilícito de funcionarios. Otras de las iniciativas son un proyecto para que los bienes de personas condenadas por corrupción, cuyo origen no se pueda justificar, sean confiscados y otro para que la Ficha Limpia se aplique también a los cargos de confianza. Además, se propone la creación de un grupo de trabajo que elaborará propuestas para que los juzgamientos de casos de corrupción sean más rápidos.
Analistas consultados por medios brasileños consideraron que las propuestas son positivas, pero subrayaron que es fundamental que se apruebe una reforma política que limite la donación de empresas privadas a las campañas políticas.
En la presentación, la mandataria reiteró que si salen a la luz más casos de corrupción no es porque esta práctica sea más frecuente, sino porque el gobierno ha dispuesto varios controles y mejoras para develar este tipo de casos. “Estamos purgando hoy males que cargamos desde hace siglos”, aseguró la mandataria.
Rousseff realizó estos anuncios horas después de que una encuesta de Datafolha informara que su popularidad bajó y rompió un nuevo récord. Sólo 13% de los brasileños aprueba el gobierno de Rousseff, diez puntos porcentuales menos que hace un mes, mientras quienes consideran que su gestión es mala o muy mala aumentaron a 62%.