La Fiscalía Anticorrupción española se pronunció ayer en la causa que investiga la contabilidad paralela que tuvo el gobernante Partido Popular (PP) entre 1990 y 2008 y que gestionaron los ex tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Hace un mes, el juez dio por concluida la investigación de la causa y consideró acreditado que el PP tuvo una contabilidad paralela, que era gestionada “en negro” y por la cual no se pagó impuestos. Con esa contabilidad respaldó campañas electorales, sobresueldos para algunos dirigentes y reformas edilicias que pagó en negro.
Antonio Romeral, que se encarga del caso por parte de la Fiscalía Anticorrupción, dio por buenas esas conclusiones, pero señaló que el PP no tiene responsabilidad penal por haber tenido una contabilidad paralela y pidió que se archive la causa en lo que respecta al partido. Para llegar a esa conclusión el fiscal tomó en cuenta que los delitos de defraudación cometidos antes de 2008 ya prescribieron, y que por lo tanto el grueso de la defraudación ya no puede ser juzgado. Según el informe que envió el Ministerio de Hacienda a la Fiscalía Anticorrupción, el PP defraudó al fisco por poco menos de 30.000 dólares en 2008, una cifra que no alcanza los cerca de 130.000 dólares en los que está fijado el umbral de delito de fraude fiscal.
Por la contabilidad paralela del PP, que se mantuvo por 18 años, pasaron millones de euros, pero muchos de ellos ingresaron como donaciones. Aunque éstas hayan sido irregulares, las normas españolas establecen que no deben pagar impuestos, por lo que el monto que se considera para el delito de defraudación es irrisorio en comparación con el dinero que manejaron Bárcenas y Lapuerta.
Sí supera el umbral de 130.000 dólares la defraudación cometida por la empresa Unifica, contratada por el PP en 2007 para la reforma de su sede que fue pagada en negro, y el fiscal pide que se obligue a Unifica a pagar unos 200.000 dólares a Hacienda y solicita penas de tres años y medio de cárcel para sus dueños, Belén García y Gonzalo Urquijo. El fiscal especifica en su escrito que el PP sí es responsable civil por haber pagado esta reforma en negro.
Por otra parte, el fiscal pide que Lapuerta y Bárcenas sean penados con cinco años de cárcel cada uno por apropiación indebida, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública, y que se exija a cada uno el pago de una multa de más de 250.000 dólares. También pide un año y medio de prisión para quien era entonces gerente del PP, Cristóbal Páez, por falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública. En el marco del proceso judicial quedan pendientes las entregas de otros informes de distintas partes, como la Abogacía del Estado, luego de lo cual se dará apertura al juicio oral.
El archivo solicitado por el fiscal puede no ser aceptado por el juez de la causa, pero ayer fue un alivio para el PP. Al caso Bárcenas, que arrastra desde hace un par de años, se le sumó al partido que gobierna España la detención del ex ministro de Economía y director del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato. En un año electoral, la oposición ha tenido muy en cuenta estos escándalos de corrupción e incluso intentó impulsar medidas desde el Congreso, pero la mayoría del PP lo ha impedido. Esa mayoría, por ejemplo, salvó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Partido Socialista Obrero Español presentó una moción de censura contra el ministro que recibió el respaldo de toda la oposición, y lo acusó de “obstruir” desde su posición en el Ejecutivo la investigación de la Justicia sobre la caja paralela del PP.