Sudáfrica tiene unos 50 millones de habitantes, de los cuales entre dos y cinco millones son extranjeros. No existen estadísticas fiables, pero se estima que entre 500.000 y un millón no tienen residencia legal. La mayoría son originarios de otros países del sur del continente, del cuerno de África y del sur de Asia.

En un contexto de crisis económica que el gobierno del partido Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) no logra revertir, el desempleo afecta a 25% de la población y alcanza a casi 40% de los jóvenes, y los extranjeros son señalados como responsables. Se los asimila con inmigrantes ilegales, se los acusa de competencia desleal con los comerciantes sudafricanos o de ser responsables de la alta criminalidad, y desde hace años son chivos expiatorios en Sudáfrica.

A fines de marzo, la población sudafricana de Durban, el feudo zulú del presidente Jacob Zuma, empezó a atacar a los residentes extranjeros, somalíes y etíopes en particular. Trabajadores que estaban de paro lanzaron el movimiento, según el semanario francés Jeune Afrique, debido a que sus empleadores los reemplazaron por trabajadores extranjeros mientras llevaban adelante la medida sindical.

También fue en Durban que el rey de los zulúes, una autoridad que sigue siendo respetada a pesar de que sus polémicas declaraciones son habituales, puso el tema en el tapete. El 21 de marzo, el rey Goodwill Zwelithini pidió a los extranjeros “que armen sus valijas y abandonen el país”. Después se retractó y dijo que sus palabras habían sido sacadas de contexto, pero éstas igual sirvieron de excusa para varias agresiones.

De todas maneras, no fue el único dirigente que dijo algo similar. El hijo del presidente, Edward Zuma, afirmó: “Estamos sentados arriba de una bomba de tiempo: los extranjeros podrían tomar el control del país”. A él se le sumó el secretario general de la ANC, el partido fundado por Mandela, que pidió “reunir a los extranjeros en campamentos para hacer un censo”. A todo esto, la Fundación Nelson Mandela emitió un comunicado que, sin mucha consecuencia, criticó “a esos dirigentes que ignoraron la crisis y avivaron el fuego del odio”.

El gobierno sudafricano reaccionó por primera vez el viernes ante una situación que es bastante incómoda para un país que aspira a ser un líder regional. Comenzó por llamar a los líderes locales y a la sociedad civil a dialogar para preservar la “unidad del país” y defender sus intereses económicos, y destacó el aporte que han hecho los trabajadores y los comerciantes extranjeros a la economía. Zimbabue y Malaui enviaron ómnibus el lunes para repatriar a centenares de sus ciudadanos, que se refugiaron en campamentos en las afueras de Durban.

En una intervención en directo desde el barrio negro de Alexandra, en Johanesburgo, la otra ciudad donde se registraron los ataques más violentos, la ministra de Defensa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, anunció ayer que las Fuerzas Armadas se sumarán a la Policía para detener esas agresiones en todos los lugares del país en los que sea necesario. “Las Fuerzas Armadas son la última línea de defensa [...]; serán utilizadas como fuerza de disuasión contra la criminalidad”, dijo.

La titular de Defensa justificó la medida en la necesidad de “recuperar la autoridad del Estado”, después de que una pareja de Zimbabue fuera atacada el lunes de noche en ese barrio de Johannesburgo. La pareja, que sufrió varias heridas de bala, fue dada de alta ayer, pero en la misma zona hubo un muerto y decenas de habitantes fueron desplazados. Hasta ayer, según la agencia de noticias Efe, murieron ocho personas por agresiones de este tipo en todo el país.

En 2008, unas 60 personas murieron en Johannesburgo en el marco de otra serie de agresiones contra los extranjeros originarios de Zimbabue y del Congo. También hubo ataques similares en enero, después de que un comerciante somalí matara a un joven de 14 años, que supuestamente le había robado.