Según las investigaciones sobre Petrobras, una red de funcionarios de la empresa estatal beneficiaba a algunas empresas constructoras -las más grandes de Brasil- que les pagaban sobornos de forma inmediata o por medio de donaciones legales a las campañas políticas de esos dirigentes o de su partido. En el caso de Vaccari, la Fiscalía sospecha que recibió donaciones de campaña de estas empresas, de apariencia legal, como forma de pago por los beneficios que Petrobras dio a las constructoras.

Además, de acuerdo con los investigadores, Vaccari destinó parte de esa plata a una imprenta paulista que está a nombre de líderes de la Central Única de Trabajadores (CUT) que son cercanos al gobierno y que en las elecciones de 2014 vendió servicios a la campaña de la presidenta Dilma Rousseff. Antes de convertirse en dirigente del PT, Va- ccari fue uno de los líderes de la CUT.

En la orden de prisión preventiva el juez Sérgio Moro dice que Vaccari es sospechoso de ser el intermediario para el pago de los sobornos acordados entre las empresas y los directivos de Petrobras destinados a favorecer a agentes vinculados al PT. Llegó a esta hipótesis porque “parte” de las declaraciones de los cinco ex directores de Petrobras que están colaborando con la Justicia a cambio de una disminución de la pena “encuentra respaldo en pruebas testimoniales o documentales entregadas por ellos u obtenidas de forma independiente en la investigación”. Además, el juez afirma que se pidió la prisión preventiva de Vaccari porque el tesorero “ofrecía un riesgo especial para la continuación del delito” si seguía al frente de la tesorería del PT.

Toda la gestión de Vaccari como titular de la Secretaría de Finanzas del PT es ahora investigada, incluida su actuación en las campañas electorales de Luiz Inácio Lula da Silva primero y de Rousseff después.

La investigación judicial constató un crecimiento “sospechoso” del patrimonio de Vaccari, su esposa, su hija y su cuñada. La esposa, Gisela Lima, ya tuvo que declarar ante los investigadores en calidad de testigo, y se emitió una orden de detención contra la cuñada, Marice Correa.

Este tipo de casos expone una división en el PT, entre quienes sostienen que ni bien se involucra a un dirigente en una investigación éste debe ser destituido y quienes argumentan que debe esperarse a que avance la causa, algo que en Brasil puede llevar varios años. En el caso de Vaccari, tanto él como la dirección del PT defendieron su inocencia y el tesorero siguió en el cargo.

El ex gobernador de Rio Grande do Sul y ex ministro Tarso Genro, así como el asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia, Marco Aurélio Garcia, fueron algunos de los que pidieron la salida de Vaccari ni bien fue mencionado en la operación Lava Jato.

El gobierno se ocupó ayer de distanciarse del escándalo generado por la detención de Vaccari. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo a la prensa que la situación no inquieta al Ejecutivo: “Un gobierno que apoya las investigaciones jamás se preocupa”, aseguró. En el Congreso la noticia cayó de otra forma. El líder de la bancada del PT, Sibá Machado, aseguró que la detención de Vaccari responde a una intención “política” y aseguró que existe una “orientación deliberada” de la investigación contra el PT.

En el PT hay un antecedente, el de Delúbio Soares, ex tesorero del partido, que fue expulsado en 2005, cuando su nombre fue involucrado en el escándalo del mensalão. En esa ocasión, no se esperó que se presentara una denuncia formal en su contra, bastó con las denuncias publicadas en los medios de comunicación. Una actitud similar tomó Rousseff en su primer mandato, destituyendo a una decena de ministros cuando eran vinculados por los medios con casos de corrupción.

Mientras el PT debatía qué hacer ahora con su tesorero, Vaccari pidió renunciar a su cargo. El partido aceptó su renuncia pero reafirmó su “confianza” en su inocencia.

El escándalo de Petrobras no sólo ha hecho mella en el PT. El martes el diputado más votado de Río de Janeiro, Jair Bolsonaro, pidió al Partido Progresista (PP) que acepte su renuncia a ser miembro de esa organización política pero que le permitan mantener la banca. Lo hizo como un cuestionamiento al PP, que pertenece a la alianza oficialista, porque es el partido con más políticos investigados en el caso Petrobras: están incluidos en la lista tres de sus cinco senadores, 18 de sus 40 diputados, ocho ex diputados y un ex vicegobernador. Bolsonaro había sido crítico con el PP cuando se publicó la lista de investigados, pero en su renuncia argumentó que quiere seguir su “sueño” de ser candidato a presidente.