Ayer se hizo la primera cosecha legal de marihuana con fines medicinales en Chile, que recibió un permiso especial del municipio de La Florida, en Santiago, y que servirá para aliviar el sufrimiento de las personas de la localidad que padecen cáncer. La iniciativa fue impulsada por la fundación Daya, una organización social que lucha por la despenalización del uso de la sustancia para aliviar el dolor, y por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, que es un político independiente desde que el año pasado renunció a la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) por diferencias con la dirección del partido.

La fundación Daya también defiende el proyecto de ley que permite la tenencia y el autocultivo de marihuana con fines recreativos, medicinales y religiosos, que ahora debe ser tratado por los diputados chilenos. El texto aprobado el lunes por la Comisión de Salud de Diputados no establece cuál será el papel de la Policía, la Fiscalía y los municipios en la aplicación de la reforma. Esto se debe, según explicó el presidente de la comisión, Juan Luis Castro, del Partido Socialista (integrante de la alianza de gobierno), a la falta de participación del Ejecutivo en la redacción del proyecto. “Estamos observando cómo avanza el proyecto de ley, pero no es un tema que estemos priorizando”, dijo ayer la ministra de Salud Pública, Carmen Castillo, que además negó que su cartera haya sido convocada por la comisión para trabajar en esa ley.

El proyecto permite la posesión de hasta diez gramos de marihuana por persona y el cultivo de hasta seis plantas por hogar, siempre y cuando se informe sobre éste mediante declaración jurada notarial ante la secretaría regional del Ministerio de Salud correspondiente. El consumo quedará despenalizado para mayores de 18 años y para menores en caso de prescripción médica.

Se establece además la prohibición de consumir marihuana en espacios públicos cerrados. El texto está explícitamente inspirado en el que se aprobó en Uruguay en 2013, pero no prevé la creación de clubes y no se enmarca en un cambio de la política chilena de lucha contra las drogas, según lamentan sus impulsores.

El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, expresó ayer sus reservas: “Si es que se aprueba el consumo de marihuana, desde el punto de vista de la salud, debiera ser solamente restringido a los aspectos sanitarios”. Por su parte, el diputado del Partido Demócrata Cristiano Víctor Torres, integrante de la Comisión de Salud, dijo que el proyecto es “una mejora sustantiva a la Ley 20.000” sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, porque establece “un equilibrio real entre la permisividad del consumo”, que no estaba penalizado, y la posibilidad de portar o cultivar marihuana.

En tanto, la diputada de la oposición Marisol Turres, de la UDI, que se opone al proyecto, también lamentó la falta de participación del gobierno en la redacción, y criticó que la iniciativa no aborde el consumo de productos derivados del cannabis en espacios a los que pueden concurrir menores de edad. Pero dijo que apoya el uso medicinal de la sustancia. “Debemos tener mucho cuidado con las señales que estamos dando a nuestro país”, advirtió.

La representación de la Organización Mundial de la Salud en Chile saludó la reforma. “Todo aquello que signifique la despenalización del consumo de marihuana es un avance”, dijo Roberto del Águila, representante en Chile de esa organización, a la radio Cooperativa. Pero como la reforma parece dividir tanto a la oposición como al oficialismo, es difícil pronosticar cuál será el futuro del proyecto. El diputado Castro prevé que se convertirá en ley “en los próximos meses”.