Desde octubre de 2013, Montano cumplía una condena de 21 meses de prisión en una cárcel de Carolina del Norte por haber mentido sobre su estatus migratorio para evitar ser juzgado por la matanza de seis sacerdotes jesuitas, crimen que se investiga en España en la Audiencia Nacional.
En 1989, poco después del asesinato de los jesuitas, se juzgó a los soldados del Batallón Atlacatl, responsables de la masacre, pero la Fiscalía General de la República impidió que se investigara a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Con la decisión estadounidense de responder favorablemente a la solicitud de extradición de la Justicia española, es probable que España sí pueda hacerlo.
La Justicia estadounidense, que no es competente para juzgar a Montano, sí lo investigó, y un informe aprobado por un tribunal de Massachusetts en 2013, concluyó que más de 1.000 violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por tropas que Montano tenía bajo su mando durante la guerra civil salvadoreña. “Durante sus 30 años de carrera militar, el coronel Montano ordenó, incitó y asistió y/o comandó tropas que participaron en una estrategia de terror de Estado contra civiles. Esto incluyó ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y detenciones arbitrarias, masacres rurales de civiles no combatientes, la desaparición forzada de niños, y tolerar escuadrones de la muerte liderados por militares, que operaban dentro de las unidades bajo su comando”, dice el informe realizado por la investigadora Terry Lynn Karl, de la Universidad de Stanford, citado por el portal informativo salvadoreño El Faro.
En la petición de extradición que presentó el Departamento de Justicia estadounidense, a la que tuvo acceso la agencia de noticias Efe, se considera que el militar retirado debe ser juzgado en España por el asesinato, cometido el 16 de noviembre de 1989, de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- además de la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas. “El día antes de los asesinatos, Montano participó en una serie de reuniones y, en la última de ellas, uno de los oficiales en presencia de Montano dio la orden de matar al padre Ignacio Ellacuría y no dejar testigos”, dice el texto.
Por su parte, Vides Casanova, ex ministro de Defensa y ex director de la Guardia Nacional, regresó a su país el miércoles, acusado por víctimas y organizaciones de defensa de los derechos humanos de numerosos crímenes cometidos durante la guerra civil. Su futuro no parece tan claro. La deportación ocurrió en el marco de la ley estadounidense que permite expulsar a un extranjero que esté vinculado con delitos como torturas y ejecuciones extrajudiciales, y fue dispuesta pese a que en El Salvador no hay ninguna orden de captura ni ningún proceso abierto en su contra.
“Estados Unidos fue tajante y claro al decir que Vides Casanova participó en graves hechos de violación en nuestro país y lo deportó, entonces ¿qué puede hacer El Salvador? ¿Puede desmentir a Estados Unidos? No. No puede pero encubre y no hace nada por investigar estos señalamientos”, denunció Ovidio Mauricio González, coordinador de la asociación de defensa de los derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández, en una entrevista a la publicación salvadoreña Diario Colatino.
En tanto, David Morales, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (equivalente de la Institución Nacional de Derechos Humanos uruguaya), dijo al mismo diario salvadoreño, en una entrevista publicada ayer, que a lo largo de los años la institución que lidera remitió informes a la Fiscalía General de la República sobre los crímenes de Vides y Montano, “sin embargo, ésta no ha querido indagar”.