La Oficina del Inspector General, el organismo de contralor del Departamento de Estado estadounidense, publicó a fines de marzo un duro informe sobre la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que se encuentra en la órbita de ese ministerio. A raíz del informe se convocó a la directora de la DEA, Michele Leonhart, y al Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes. Días atrás este comité emitió una resolución en la que declaró que había perdido la confianza en Leonhart para dirigir esa agencia.

Sólo unos días después, el martes 21, la directora de la DEA presentó su renuncia al secretario de Justicia, Eric Holder. Este la aceptó y poco después se anunció que en mayo asumirá un nuevo director para esa agencia.

La investigación de la Oficina del Inspector General comenzó en abril de 2012, después de que trascendiera que agentes del servicio secreto de Estados Unidos habían contratado prostitutas en Cartagena de Indias, Colombia, mientras esperaban la llegada del presidente Barack Obama. Los medios colombianos informaron que en ese encuentro también estaban presentes tres agentes de la DEA,que a diferencia de los del servicio secreto, estaban establecidos en forma permanente en Colombia.

El informe que resultó de la investigación iniciada en 2012 menciona que entre 2005 y 2008 diez o más agentes de la DEA en Colombia, entre ellos un director regional, participaban de manera habitual en fiestas pagadas por narcotraficantes. En esos encuentros se disponía de alcohol y prostitutas para los funcionarios estadounidenses.

Las fiestas eran organizadas en las casas que tenían los agentes de la DEA en Colombia, que son pagadas con fondos estadounidenses. Por lo tanto, los agentes ponían en riesgo toda su operación, porque las computadoras y celulares estaban al alcance de la mano y exponían así todo tipo de información, indica el informe de la Oficina del Inspector General.

Fueron 77 las denuncias -anónimas o no- que se presentaron contra este grupo de agentes entre 2005 y 2008 ante la DEA. Sin embargo, la agencia investigó y verificó la existencia de las fiestas recién en 2009.

Ninguno de los involucrados reconoció que fueran financiadas por narcotraficantes, pero sí figura en los resultados de esa investigación interna que varios de estos agentes recibieron “costosos regalos, armas, y hasta dinero de los cárteles de la droga”, así como “varias” AK-47 de parte de grupos paramilitares colombianos. Ante esas conclusiones, la decisión que tomó la agencia fue la de sancionar a los involucrados: les dio de dos a diez días de suspensión.

Leonhart, que tiene una trayectoria de tres décadas en la DEA y llegó a la dirección en 2009, dijo ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que ella no tenía la competencia para aumentar esos castigos o expulsar a los agentes.

Integrantes del comité aseguraron que el contenido del informe de la Oficina del Inspector General deja claro que no se trató de un caso aislado, y consideraron que la responsable de la DEA había perdido el control de sus agentes.