La semana pasada De Vargas presentó una denuncia ante la Fiscalía con los resultados de una investigación interna. Allí se expuso el uso irregular de 186 tarjetas cargadas con fondos públicos que fueron otorgadas a policías para la compra del combustible de los autos con los que trabajan. En algunos casos ese dinero fue directamente cobrado en las estaciones de servicio y en otros el combustible fue utilizado en autos privados. Se calcula que sólo en abril el perjuicio fue de unos 200 millones de dólares, pero hay indicios de que este tipo de irregularidades era frecuente.

Primero se creyó que fueron cometidas por un subalterno y su jefe, y no se sospechó que estaba involucrado el comandante de la Policía, el comisario Francisco Alvarenga, responsable de autorizar la emisión de las tarjetas que se utilizaron. Después de que varios funcionarios fueron apartados de sus cargos, de que algunas personas fueron detenidas -entre ellas tres pisteros de estaciones de servicio- y de la confesión de subalternos implicados, la causa avanzó hasta determinar que hay indicios de que tanto Alvarenga como su número dos, el subcomandante Carlos Domínguez, también desviaron recursos.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, cuyo fiscal adjunto, Federico Espinoza, dijo ayer que su avance permite llegar a la conclusión “de que el comandante tiene vinculación directa con el hecho punible de lesión de confianza por no verificar el uso correcto de las tarjetas” para la compra de combustible. Alvarenga fue imputado sólo por lesión de confianza, pero Espinoza agregó que la Fiscalía tiene “la sospecha” de que es cómplice de enriquecimiento ilícito.

El comandante de la Policía fue imputado horas antes de que De Vargas anunciara su destitución, pese a que el ministro había solicitado a la Fiscalía que le diera tiempo a removerlo antes, informó el diario paraguayo ABC Color.

De Vargas dijo en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo había decidido destituir a Alvarenga y Domínguez para facilitar la investigación judicial, y que en su lugar asumirían Críspulo Sotelo y Luis Marecos, respectivamente. El primero fue recomendado por el propio Alvarenga, y la designación del segundo generó múltiples críticas desde la oposición. El senador liberal Luis Alberto Wagner y el del Frente Guasú Hugo Richer dijeron que en marzo de 2014 se presentó ante la Fiscalía de Derechos Humanos una denuncia contra Marecos por torturas en el marco de un violento desalojo de una ocupación de tierras en el departamento de San Pedro.

Ayer de mañana la Fiscalía paraguaya realizó allanamientos en la casa de algunos ex jerarcas de la Policía Nacional, y de tarde desplegó el mismo procedimiento en la Contraloría General por otra denuncia por corrupción.

El caso de la Contraloría comenzó a raíz de una investigación del diario Última Hora, que develó que Liz Paola Duarte, la secretaria privada del titular de la Contraloría, había cobrado sueldos incluso superiores a los de un ministro: unos 4.500 dólares en promedio, con picos de hasta 7.000 dólares. Duarte, que fue finalista en Miss Paraguay 2009, pasó a ser conocida públicamente como la “secretaria vip”. El titular de la Contraloría Nacional, Óscar Velázquez, argumentó que su sueldo era elevado por “las horas que ella está en la institución”.

La Coordinadora de Abogados del Paraguay presentó una denuncia en contra de Velázquez y Duarte por un presunto delito de enriquecimiento ilícito y cobro indebido de honorarios, que fue aceptada por la Fiscalía de Delitos Económicos.

Ayer renunciaron a sus cargos Duarte y otros dos integrantes del equipo cercano a Velázquez: Horacio Coelho y Eduardo Gadea. Mientras las redes sociales y las editoriales de los medios reclamaban su renuncia, ayer, el titular de la Contraloría aseguró que no dejará al cargo y dijo que está a disposición de la Justicia. Sin embargo, la fiscal que investiga el caso, Victoria Acuña, dijo que Velázquez no puede ser imputado si no renuncia a su cargo o es desaforado por el Congreso.